En un reciente comunicado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para intervenir en el conflicto legal por la suspensión de clases presenciales en Buenos Aires.
Dicho litigio empezó con una acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional.
El Ejecutivo Nacional había dispuesto, como parte del paquete de medidas para mitigar la expansión de la segunda ola de contagios de Covid-19, la suspensión de las clases presenciales por 12 días.
Con el voto positivo de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, la Corte se declaró competente para intervenir y estableció un plazo de 5 días para que la Jefatura de Gabinete de la Nación conteste y aporte cualquier prueba que considere pertinente para la causa.
Por su parte, la ministra Elena Highton votó en contra de la medida del Máximo Tribunal. En su justificación, la jueza remarca que el Gobierno Porteño «no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria» de la Corte Suprema.
