Serán debatidos este jueves en la Legislatura dos proyectos para regular la protesta social en Córdoba, luego de que el Gobierno Provincial pusiera el foco en tal discusión tras las manifestaciones del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) la semana pasada.
Ambas propuestas tienen como objetivo modificar el Código de Convivencia y establecer sanciones administrativas para aquellas personas que tengan actitudes violentas en las protestas.
En diálogo con Fuerte y Claro, de los SRT-UNC, la legisladora Nadia Fernández anticipó que una de las propuestas presentadas en la Unicameral incluye la aplicación de un protocolo antipiquetes.
De acuerdo a Fernández, «el Poder Judicial nos interpela y pide una herramienta concreta que no sea el Código Penal, sino algo más efectivo, como sanciones administrativas o multas».
Uno de los proyectos es de autoría del legislador Juan Manuel Cid, que responde a Hacemos Unidos por Córdoba al igual que Fernández, que busca actualizar el Código vigente, mientras que el otro, más punitivo, fue presentado por el legislador libertario Agustín Spaccessi, con similitudes en su texto al protocolo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
Si bien la legisladora del oficialismo remarcó que el derecho a la protesta está garantizado en Córdoba, se debe dar una ‘vuelta de tuerca’ a las herramientas que tiene el Estado para responder a situaciones incontrolables. Sobre esa línea, recordó que «cuando se presentó el proyecto en su momento, Córdoba estaba atravesada por acampes y movilizaciones todos los días».
El nuevo protocolo pensado desde HUxC respeta el derecho a manifestarse, pero pone algunas condiciones, como el aviso previo, la coordinación con las fuerzas de seguridad, corredores sanitarios y medidas para garantizar la no interrupción de servicios esenciales.
