Condena histórica: fiscal, testigo y abogados sentenciados por encubrir robo a Sergio Massa y Malena Galmarini
La Justicia argentina dicta sentencia histórica en el caso del robo a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, condenando a un fiscal, un testigo y dos abogados por encubrimiento.

La Justicia argentina ha dictado una sentencia sin precedentes en el caso del robo a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, ocurrido en 2013. El juez Hernán Sergio Archelli, a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, ha condenado a un fiscal, un testigo y dos abogados por su participación en una maniobra para desviar la investigación y favorecer al autor del delito.
El robo a la casa de Massa y Galmarini, ubicada en Rincón de Milberg, Tigre, ocurrió el 21 de julio de 2013. La investigación inicial llevó al arresto de Alcides Gorgonio Díaz, miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval, quien fue condenado a 13 años de prisión efectiva tras el hallazgo de armas, dinero y elementos robados en allanamientos vinculados a él.
Sin embargo, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, los ahora condenados desarrollaron una maniobra coordinada para socavar la validez de los allanamientos y favorecer la situación procesal de Díaz. Esta maniobra incluyó la instrumentalización de una denuncia por amenazas formulada por Jaunarena, quien había sido testigo de actuación en los allanamientos a Díaz, para producir prueba falsa e intentar incorporarla al juicio oral.
El entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar, Carlos Washington Palacios, recibió la denuncia y desvió deliberadamente la investigación. En lugar de indagar el origen de las amenazas, direccionó la causa para desacreditar el accionar policial y favorecer a Díaz. Por estas irregularidades, Palacios ya había sido destituido de su cargo por unanimidad en un jury realizado en noviembre de 2019.
Los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español asesoraron e instruyeron explícitamente a Jaunarena para que prestara declaraciones falsas. Siguiendo las instrucciones, Jaunarena mintió ante la Fiscalía y el Tribunal, afirmando que la policía había secuestrado más dinero del consignado en las actas y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio allanado.
La coordinación quedó totalmente expuesta mediante registros de llamadas telefónicas, grabaciones entre la esposa del ladrón Gorgonio Díaz y el fiscal Palacios, y el testimonio de los policías intervinientes. Uno de ellos, el comisario Gabriel Natiello, relató cómo Palacios y Pérez Bodria le solicitaron que cambiara su versión antes del juicio.
Tras darse a conocer el veredicto, Malena Galmarini utilizó sus redes sociales para expresar su descargo frente a la condena de quienes intentaron encubrir el ataque a su hogar. A través de su cuenta de X, publicó: «Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin. Se metieron en mi casa y con mi familia. Quisieron falsear la verdad para ensuciarnos e involucraron a mis hijos en su mierda. La condena es clara: NO TODO VALE.»
La sentencia dictada por el juez Archelli tiene un significado especial en el contexto de la lucha contra la corrupción y el encubrimiento en Argentina. La condena de funcionarios públicos y profesionales del derecho por su participación en maniobras para desviar la justicia envía un mensaje claro sobre la importancia de la integridad y la transparencia en el sistema judicial.
El caso también pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre los actos de los funcionarios públicos y los profesionales del derecho, para prevenir la corrupción y garantizar que la justicia se aplique de manera imparcial y eficaz. La sentencia es un paso importante hacia la consolidación de un estado de derecho más justo y transparente en Argentina.
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