PAMI se pronuncia sobre el conflicto con médicos de cabecera: defiende su resolución y desmiente recortes salariales
PAMI se pronuncia sobre el conflicto con médicos de cabecera, defendiendo su resolución y desmintiendo recortes salariales.
En medio de la polémica generada por el paro de 72 horas de los médicos de cabecera nucleados en APPAMIA, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se pronunció sobre el conflicto, defendiendo su resolución y desmintiendo los recortes salariales denunciados por los profesionales.
La respuesta de PAMI
Desde el PAMI aseguraron que la medida implementada no implica un recorte salarial para los médicos de cabecera, sino que representa una mejora en sus ingresos. Según explicaron, el valor de la cápita pasó de $946 a $2.100, lo que incrementa el ingreso fijo de los profesionales.
Un médico con 800 cápitas, por ejemplo, pasaría de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa una suba del 121%. Esta explicación busca despejar las dudas sobre los efectos de la resolución en los ingresos de los médicos de cabecera.
El conflicto en contexto
El conflicto se originó tras la implementación de la Resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que introduce cambios en el nomenclador y en el modelo prestacional. Desde APPAMIA sostienen que la unificación del esquema se traduce, en la práctica, en un recorte salarial para los médicos de cabecera.
Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a esta resolución, denunciando una fuerte reducción de sus ingresos. La medida de fuerza se realiza con garantía de atención para urgencias, buscando no afectar la atención a los pacientes.
Impacto en el sistema de salud
La situación podría derivar en un éxodo masivo de profesionales, con impacto directo en el funcionamiento del primer nivel de atención del PAMI. Los médicos de cabecera cumplen un rol central en el seguimiento de enfermedades crónicas, la emisión de recetas, la indicación de estudios y las derivaciones a especialistas.
Una eventual reducción del plantel podría trasladar la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre el sistema sanitario y generando riesgos de discontinuidad en la atención de jubilados y pensionados.
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