El Arzobispado de Córdoba se Pronuncia Contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro habitacional de los sectores más vulnerables de la sociedad, la Iglesia Católica de Córdoba, en conjunto con la Mesa de Barrios Populares, ha lanzado un fuerte llamado de alerta contra el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la propiedad privada». Este proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, ha generado una profunda preocupación entre los referentes sociales y religiosos, quienes denuncian que su aprobación representaría un grave retroceso en los derechos adquiridos por las comunidades más necesitadas y pondría en riesgo la supervivencia de miles de hogares.

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, junto a otros exponentes de la Mesa de Barrios Populares, como Ayelén Cabaña de la organización TECHO y Débora Koraj, vecina de un barrio popular, han coincidido en señalar que el proyecto gubernamental busca desmantelar los pilares de la Ley 27.453. Esta ley ha sido fundamental para avanzar en la regularización dominial y la integración socio-urbana en todo el país. La aprobación de esta nueva ley debilitaría herramientas fundamentales como la suspensión de desalojos y el acceso progresivo a servicios esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, el saneamiento y una vivienda digna.

Un Golpe a la Regularización Dominial y los Servicios Básicos

La esencia de la preocupación radica en la modificación de aspectos centrales de la legislación vigente. La actual Ley 27.453 es el pilar legal que sostiene el andamiaje jurídico para que las comunidades en situación de pobreza puedan aspirar a un título de propiedad y a una urbanización real. En la provincia de Córdoba, se estima que más de 40 mil familias podrían verse directamente afectadas si se eliminan o debilitan estas protecciones. Actualmente, existen 318 barrios registrados dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en territorio cordobés, los cuales quedarían en una situación de vulnerabilidad jurídica extrema ante el nuevo escenario normativo.

Los referentes explicaron que el proyecto de «Inviolabilidad de la propiedad privada» choca frontalmente con los procesos de integración urbana que se vienen desarrollando. Ayelén Cabaña, de la organización TECHO, destacó que esta propuesta legislativa «desarma los instrumentos estructurales que sostienen la integración socio-urbana». Cabaña remarcó que el 75% de los barrios populares de Córdoba tienen más de 20 años de antigüedad, lo que demuestra que no son asentamientos recientes, sino comunidades consolidadas que aún esperan que el Estado garantice condiciones de vida dignas.

Obras Paralizadas y el Fantasma de los Desalojos

La conferencia de prensa no solo sirvió para discutir marcos legales, sino también para visibilizar el impacto concreto que el freno a las políticas de integración ya está teniendo en los barrios. Ayelén Cabaña compartió datos alarmantes sobre la situación actual: se han contabilizado 671 obras de urbanización paralizadas en todo el país. Además, la desfinanciación de programas sociales ha dejado a más de 11 mil mujeres con desembolsos pendientes del programa Mi Pieza, un recurso vital para la mejora de viviendas precarias.

Lo más preocupante para la Mesa de Barrios Populares es el resurgimiento de la amenaza de expulsión. Actualmente, existen 150 juicios de desalojo activos que ponen en vilo a más de 4.500 familias argentinas. La derogación o modificación de la Ley 27.453 quitaría el freno legal a estos procesos, desatando una crisis habitacional y social de proporciones impredecibles.

Desde la perspectiva de quienes viven en estos barrios, Débora Koraj aportó su testimonio sobre la importancia de la organización comunitaria. Destacó el rol fundamental de las cooperativas de trabajo para fortalecer las redes vecinales y el desarrollo de cada comunidad. Koraj subrayó que herramientas como el Certificado de Vivienda Familiar (CVF) han sido un avance histórico que permitió a muchas familias ser reconocidas por el Estado, acceder a servicios y defender su derecho a permanecer en su lugar.

La jornada en el Arzobispado concluyó con un pedido unánime de las entidades convocantes: sostener y profundizar las políticas de integración urbana. El llamado final fue a continuar trabajando de manera conjunta por ciudades que no excluyan a sus habitantes más pobres, buscando asegurar oportunidades y condiciones dignas para todos los ciudadanos, sin distinción de su código postal.

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