La Justicia Nacional Suspende la Aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dictaminó este jueves que se debe dejar en suspenso la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el tema. Esta decisión se produce luego de que el Ministerio de Capital Humano presentara un planteo sobre la ley, argumentando que su aplicación podría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, había solicitado la suspensión de la ley debido a que su aplicación plena requeriría una asignación significativa de fondos, los cuales no han sido previstos en el presupuesto nacional. Según fuentes oficiales, el decreto 759/2025, que promulgó la Ley 27.775, establece que la ejecución de la ley quedará suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que obligaba al Gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario sin considerar el origen de los fondos necesarios para su implementación. Esta decisión se produce en un contexto en el que la Universidad de Buenos Aires (UBA) había convocado a una marcha para el 12 de mayo con el fin de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Decreto 759/2025, publicado en el Boletín Oficial el 10 de octubre de 2025, establece que la ley introduce modificaciones en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades públicas. Sin embargo, la aplicación de la ley depende de la aprobación de la Ley de Presupuesto anual, la cual no se ha actualizado desde 2023. En 2024 y 2025, simplemente se prorrogó el Presupuesto 2023, sin considerar la inflación ni otros factores económicos.

La suspensión de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se resuelva el litigio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación genera incertidumbre sobre el futuro del financiamiento de las universidades públicas en el país. Mientras tanto, la UBA y otras instituciones educativas siguen presionando para que se cumpla con la ley y se garantice el derecho a la educación pública y gratuita.

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