Escándalo de corrupción en la ANDIS: sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos

Una auditoría realizada por el Ministerio de Salud ha destapado un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se detectaron sobreprecios millonarios en compras de insumos ortopédicos durante 2025. El informe técnico reveló diferencias de hasta el 4239% respecto de los valores de mercado, lo que derivó en una investigación judicial que ya involucra a exdirectivos, empresarios y proveedores vinculados entre sí.

La causa, que está bajo la órbita del fiscal Franco Picardi, apunta a un supuesto esquema de corrupción montado alrededor de contrataciones estatales. Según la documentación oficial, existieron maniobras sistemáticas para beneficiar a determinadas firmas mediante procesos licitatorios presuntamente manipulados. Los técnicos del Ministerio de Salud compararon las facturas abonadas por el Estado con valores de referencia del mercado y encontraron diferencias consideradas injustificables.

Entre los casos detectados aparecen compras de sillas de ruedas con incrementos cercanos al 2000%, además de operaciones vinculadas a andadores y prótesis cuyos montos quedaron muy por encima de los precios habituales. Uno de los ejemplos más llamativos fue la adquisición de un andador por una cifra varias veces superior al valor de otro producto de características similares. Las irregularidades también alcanzaron insumos médicos de alta complejidad, como un sistema de válvulas cardíacas que fue pagado por $425 millones, mientras que meses antes el PAMI había adquirido el mismo producto por apenas $124 millones.

La investigación judicial ya derivó en la citación a indagatoria de 49 personas, incluyendo al contador Osmar Mariano Caballi, principal socio de Farma Salud, una de las compañías que más dinero recibió mediante este esquema. Según el expediente, la firma absorbió alrededor de $7.900 millones en contrataciones estatales. Caballi había ocupado un cargo jerárquico dentro de la agencia durante la gestión de Alberto Fernández y, según declaraciones incorporadas a la causa, habría utilizado esa experiencia previa para acercar negocios con el Estado a determinadas empresas privadas.

El fiscal Picardi también investiga posibles maniobras para vulnerar el sistema digital de licitaciones Siipfis, que según el dictamen judicial, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada. La fiscalía detectó además la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “grupo museo”, donde exfuncionarios y operadores externos presuntamente definían qué empresas participarían de las supuestas competencias de precios.

Entre las firmas bajo sospecha aparecen Artrobone, Bymax Medical e Innova, que según los investigadores, llegaron a facturar sillas de ruedas por $19 millones cuando el valor de referencia rondaba apenas $1,2 millones. Además, la Justicia detectó vínculos personales entre empresarios y exfuncionarios de la ANDIS que ya se encuentran procesados. El expediente también cuestiona adquisiciones de componentes importados de alta gama que, según el informe técnico, no representa una ventaja necesaria ni terapéutica que valide semejante erogación del Tesoro Nacional.

Explora más noticias en nuestra sección: Argentina