La represión en Cuba alcanza su punto más crítico: 1.260 presos políticos sufren torturas y abusos

La situación de los presos políticos en Cuba

El informe mensual de la ONG Prisoners Defenders correspondiente a abril ha revelado una cifra inédita de 1.260 presos políticos en Cuba, consolidando un nuevo récord absoluto y detallando una escalada represiva que abarca desde torturas y amenazas de muerte hasta agresiones sexuales en prisión. Esta situación ha generado un gran impacto en la comunidad internacional, ya que se trata de una violación flagrante de los derechos humanos.

Entre los casos más destacados se encuentra el de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como «Spiderman» y campeón cubano de artes marciales mixtas, quien fue detenido arbitrariamente tras nueve días de protesta individual en su vivienda y mantenido incomunicado antes de ser confirmado su confinamiento en Villa Marista, un centro temido por sus prácticas de tortura. Además, el arresto de Andy Michel Osorio Velázquez, instructor de arte en Holguín, evidencia la criminalización de la disidencia a través de detenciones sin pruebas concretas ni proceso formal.

Agresiones sexuales y torturas

El informe documentó con nombres y fechas recientes una serie de agresiones sexuales como método de castigo sistemático en prisiones cubanas. Un caso estremecedor ocurrió el pasado 26 de abril en la prisión de Guanajay, donde un joven preso político fue víctima de abuso sexual bajo la complicidad —e incluso promoción— de funcionarios penitenciarios y oficiales de la Seguridad del Estado. El principal perpetrador, identificado como el «Gago de San José», es un recluso común utilizado recurrentemente como instrumento de represalia.

La persecución afecta igualmente a sindicalistas como Bárbaro de la Nuez Ramírez, periodistas independientes y familiares de activistas exiliados, en una dinámica donde la vigilancia, el hostigamiento y la criminalización trascienden a los círculos directos de la militancia opositora. Entre los datos más graves, el informe confirmó que 14 menores de edad permanecen encarcelados actualmente por motivos políticos, lo que viola de forma manifiesta los estándares internacionales según el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Amenazas de muerte y represión

El informe aportó testimonios de presos políticos y familiares que revelan un alarmante aumento de amenazas de muerte: funcionarios penitenciarios advierten explícitamente que, ante una supuesta intervención militar de Estados Unidos, los prisioneros políticos serían ejecutados, lo que ha generado pánico y desprotección. En la prisión de máxima seguridad Kilo 8 (Camagüey), el preso Daril Ochoa Manrresa relató que un oficial planteó a sus subordinados: «Había que matar a todos los presos políticos, sin excepción».

La ONG concluyó que las negativas cifras y evidencias presentadas ante organismos internacionales como la ONU, la CIDH y el Parlamento Europeo reflejan un patrón de criminalización sistemática de la disidencia política en Cuba, donde la represión no distingue edad, género ni condición social, y en la que el castigo alcanza también a los familiares y al entorno comunitario de los opositores. Esto ha llevado a la comunidad internacional a exigir una acción inmediata para proteger los derechos humanos en la isla.

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