Nueva Denuncia Penal por la Hidrovía: Funcionarios y Empresarios en el Punto de Mira

La Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los principales ejes de transporte fluvial de la región, se encuentra nuevamente en el centro de una tormenta política y judicial. Una nueva denuncia penal presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático busca investigar presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la concesión de la Hidrovía, apuntando directamente a funcionarios del gobierno y empresarios clave en el sector.

La Denuncia y sus Implicaciones

La denuncia, presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, y la abogada Marcela Scotti, sostiene que existen elementos suficientes para investigar una supuesta maniobra de direccionamiento en la futura licitación de la Hidrovía. Los denunciantes apuntan a funcionarios nacionales y empresarios, incluyendo a Luis Caputo, Gastón Benvenuto, Iñaki Arreseygor, la empresa Jan De Nul, y los hermanos Neuss, entre otros.

El escrito de denuncia detalla presuntas irregularidades en el proceso licitatorio, incluyendo la confección de un pliego “a medida” para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado. Se cuestiona el esquema de cobro del peaje, que según los denunciantes, permitiría al concesionario privado recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP) y generando un perjuicio estimado en USD 7.000 millones.

Antecedentes y Contexto

La Hidrovía Paraná-Paraguay es una vía navegable que conecta los ríos Paraná y Paraguay, atraviesa varios países de América del Sur y es crucial para el comercio regional. La concesión para su operación y mantenimiento ha sido objeto de debates y controversias políticas y económicas durante años.

La denuncia presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático se suma a una serie de cuestionamientos sobre la transparencia y equidad en el manejo de los recursos públicos y la gestión de infraestructuras estratégicas en la región. Los denunciantes solicitan una investigación exhaustiva y la adopción de medidas para garantizar la legalidad y la competitividad en el proceso licitatorio.

Medidas de Prueba y Cautelares

La fundación ha pedido el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podrían cumplir con los requisitos técnicos establecidos, y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos relacionados con el proceso licitatorio.

Además, se ha solicitado una cautelar para frenar el proceso licitatorio hasta que se auditen los pliegos y se garantice la transparencia del proceso. La denuncia subraya la importancia de preservar la soberanía económica del Estado sobre el principal canal de salida de las riquezas de la región.

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