La Justicia da marcha atrás con la cautelar: la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz ya es vigente
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decide dejar sin efecto la cautelar que mantenía en suspenso la reforma de la Ley de Glaciares.

En un giro inesperado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decidió dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía en suspenso la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. Este fallo abre el camino para que la normativa recupere su plena vigencia mientras se continúa con la discusión judicial sobre su constitucionalidad.
La causa que originó esta decisión comenzó cuando el intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto a otros dirigentes y legisladores de la provincia, cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y solicitaron la intervención de la Justicia. Sin embargo, la Cámara Federal consideró que el fallo de primera instancia carecía de fundamentos suficientes y se basaba en hipótesis sin respaldo concreto.
Al examinar el expediente, los camaristas concluyeron que la medida cautelar se sustentaba en escenarios hipotéticos y carecía de elementos concretos que justificaran la suspensión de la ley. Además, señalaron que la resolución apelada se apoyaba en situaciones que podrían ocurrir en el futuro, sin demostrar un perjuicio actual o inminente.
La Cámara Federal también descartó la existencia de un riesgo inmediato que justificara mantener la cautelar. Según indicaron, la nueva normativa no habilita actividades que anteriormente estuvieran prohibidas ni presenta una incompatibilidad manifiesta con los principios y garantías invocados en la demanda. Por otro lado, recordaron que buena parte de las áreas glaciares de Santa Cruz continúan protegidas por otras normas, entre ellas la legislación provincial vigente y las restricciones que rigen dentro de los parques nacionales.
Con esta decisión, la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a regir plenamente en la provincia de Santa Cruz mientras el expediente continúa su curso y se debate la cuestión de fondo sobre la validez constitucional de los cambios aprobados. Esta resolución marca un punto de inflexión en el proceso y plantea nuevos desafíos para los actores involucrados en la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible en la región.
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