La ilusión de reformas en Cuba: ¿parches o libertad?

Cuba se encuentra en un momento crítico de su historia, con una economía en colapso y una población que lucha por sobrevivir. En este contexto, el dictador Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de medidas económicas destinadas a mejorar la situación, pero muchos cuestionan si estas reformas son solo parches para mantener el control del régimen o si buscan verdaderamente la libertad y la prosperidad para el pueblo cubano.

El líder opositor José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), advirtió que el paquete de medidas no constituye una reforma genuina, sino la repetición de un patrón que el régimen ha seguido durante más de seis décadas. Según Ferrer, el problema no reside en el vocabulario de las medidas, sino en su arquitectura, que siempre ha sido diseñada para mantener el control del partido comunista y el Estado sobre la economía y la sociedad.

El historial de Cuba es claro: cada apertura económica ha sido proporcional a la desesperación del momento y cada cierre ha llegado cuando el régimen encontró un nuevo sostén externo. Ferrer citó ejemplos de la historia, como la Primera Ley de Reforma Agraria de 1959, que limitó la propiedad rural a 30 caballerías y creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), un instrumento político para concentrar poder en manos del nuevo régimen. También mencionó la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963, que redujo el límite de la propiedad privada rural a cinco caballerías y liquidó buena parte de la mediana propiedad agrícola cubana.

El régimen cubano ha seguido una lógica clara: cuando se siente desesperado, abre un poco la economía, pero siempre bajo condiciones que mantienen el control estatal y el partido comunista. Ferrer señaló que la crisis actual es considerablemente más grave que las anteriores, con colapso energético, desabastecimiento alimentario, inflación, éxodo masivo y protestas sociales sostenidas. En este contexto, el anuncio de Díaz-Canel no puede ser visto como una verdadera reforma, sino como una medida para mantener el control del régimen y evitar la caída del poder.

Ferrer enfatizó que la raíz del problema en Cuba no es económica, sino política y estructural. El país carece de independencia de poderes, lo que significa que la Fiscalía, los tribunales, la policía, la Seguridad del Estado y la Asamblea Nacional responden al mismo mando político. Por eso, ningún inversor, ningún emprendedor y ningún cubano de la diáspora que decida invertir tendrá garantías reales, aunque el régimen escriba nuevas normas en papel.

Para Ferrer, lo que Cuba necesita es una economía de mercado competitiva con propiedad privada protegida constitucionalmente, contratos respetados, tribunales independientes, libertad de empresa, acceso libre a importaciones y exportaciones, banca funcional y un Estado limitado por la ley. A eso debe sumarse una reforma política total: pluralismo, libertad de prensa, libertad sindical y elecciones libres. Sin esos pilares, cualquier medida económica será, en sus palabras, una trampa o una ilusión.

El anuncio de Díaz-Canel prevé mayor autonomía para las empresas estatales, pero no su privatización ni su disolución. Ferrer señaló que el monopolio de estas empresas ha sido responsable de décadas de improductividad, corrupción e ineficiencia. Lo que Cuba necesita es una verdadera apertura económica, con la libertad de empresa y la propiedad privada protegida, para que la economía pueda crecer y prosperar.

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