Un juez ordena la suspensión de la privatización de AySA hasta determinar el pasivo ambiental

La Justicia ha intervenido en el proceso de venta de los activos de AySA, decretando una medida cautelar que frena el proceso de privatización. Esta decisión se debe a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, que alertó sobre los perjuicios ambientales que supone el actual proceso de privatización.

El juez Mariano López, en lo Contencioso Administrativo número 2 de La Plata, fundamentó que el nuevo esquema contractual impulsado desde el gobierno nacional no fortalece las obligaciones de garantizar el acceso a la cobertura sanitaria. Por el contrario, consideró que la iniciativa tiende a reducir las exigencias regulatorias y a postergar obras que resultan críticas.

La respuesta de la Justicia

La Justicia ha ordenado a la empresa abstenerse de realizar cualquier acción que implique modificar, limitar o desnaturalizar las obligaciones asumidas respecto del acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano. Esta restricción regirá de manera estricta hasta tanto se efectúe una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional suficiente que garantice la tutela de los derechos comprometidos.

El juez López se declaró incompetente para entender en la cuestión de fondo del litigio, por considerar que se trata de materia federal, y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata. Sin embargo, decidió dictar la medida de no innovar de manera excepcional frente a lo que consideró una situación de emergencia.

Impacto en la comunidad

La prestación de este servicio público esencial por parte de la compañía alcanza de manera directa a veintiséis municipios de la Provincia de Buenos Aires, lo que resalta la magnitud del impacto social y ambiental en juego. La intervención urgente se justificó en la necesidad de prevenir un daño inminente sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la provincia, así como para salvaguardar las condiciones de salubridad pública de la población usuaria del servicio ante el avance de la privatización.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha reafirmado que el derecho colectivo de acceso al agua potable garantiza un suministro suficiente, seguro y equitativo para las comunidades. La decisión del juez López es un paso importante para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que la privatización de AySA no se realice a costa del medio ambiente y la salud pública.

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