CIDH abre expediente contra el Estado por la contaminación de la fábrica Porta Hermanos en Córdoba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió abrir formalmente un caso contra el Estado argentino tras la denuncia de contaminación ambiental generada por la planta de la empresa Porta Hermanos, ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La medida, anunciada a inicios de agosto de 2024, marca un hito para los vecinos del barrio San Antonio y para la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), que encabezó la solicitud internacional después de agotar los recursos judiciales locales.

Un reclamo que se remonta a 2016

El conflicto comenzó en 2016, cuando la comunidad inició una causa judicial contra la empresa por los daños a la salud y al entorno. El proceso alcanzó la Corte Suprema de la Nación, que lo desestimó mediante un certiorari, alegando cuestiones formales que impidieron que el tribunal analizara el fondo del asunto. Desde entonces, la demanda ha transitado por distintas instancias sin lograr una resolución definitiva.

La CIDH da luz verde al expediente

Después de una primera revisión de admisibilidad en 2023, la CIDH concluyó que los requisitos estaban cumplidos y que el Estado no respondió a las solicitudes de información presentadas por FUNDEPS. Ante esa falta de respuesta, la Comisión consideró que existía una presunción de violación de derechos humanos y, por la gravedad del caso, lo clasificó como tratamiento urgente.

¿Por qué es relevante este caso?

Según la abogada Ananda Lavayén, del equipo de FUNDEPS, se trata de uno de los escasos casos que llegan a la CIDH con una denuncia de contaminación ambiental en un entorno urbano. Aunque las resoluciones de la CIDH no son vinculantes, poseen un peso político y jurídico que puede presionar a las autoridades para que actúen.

Implicancias políticas y judiciales

Lavayén señaló que la investigación del Ministerio Público Fiscal de la Nación sobre posibles dádivas a los camaristas Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, vinculados a la Cámara Federal, aporta una capa adicional al conflicto. La letrada recordó que la justicia sin corrupción también constituye un derecho humano, y que la investigación podría esclarecer la relación entre la empresa y los funcionarios que, según la comunidad, siempre favorecieron a Porta Hermanos.

La planta sigue operando mientras avanza el proceso internacional

Aunque la CIDH ha abierto el caso, la fábrica continúa su actividad en San Antonio. En distintas oportunidades, los tribunales ordenaron a la empresa realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero la compañía se ha negado sistemáticamente, respaldada en algunos momentos por la Secretaría de Ambiente de la provincia, que sostuvo que el estudio no era necesario. A principios de agosto, la Cámara Federal, sin la participación de los camaristas investigados, ratificó la obligación de la empresa de presentar la EIA y advirtió a la Secretaría de Ambiente que la planta operaba solo bajo habilitaciones administrativas, sin cumplir la normativa ambiental obligatoria.

Riesgos para la salud y la seguridad de los vecinos

Los habitantes del barrio siguen reportando problemas de salud vinculados a la actividad industrial. Un estudio de carga de fuego realizado por las propias vecinas reveló que la instalación posee una carga de fuego cien veces superior a la permitida para una zona urbana, lo que genera una amenaza física inminente. Por esa razón, la demanda contra el Estado argentino se extiende a los niveles nacional, provincial y municipal, alegando que la prioridad dada a una actividad privada sobre la salud pública constituye una violación de derechos humanos.

Perspectivas a futuro

Lavayén estima que el proceso ante la CIDH llevará varios años, pero considera que la apertura del caso representa la última esperanza para revertir años de desprotección estatal y poner fin al peligro socioambiental que vive la comunidad de San Antonio.

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