Corte Suprema autoriza provisionalmente continuar la obra del Salón de Baile en la Casa Blanca
La máxima autoridad judicial de EE.UU. permite que continúe la construcción del polémico salón, pese a la demanda del Fondo Nacional para la Preservación Histórica.
La decisión de la Corte Suprema
El viernes la Corte Suprema de Estados Unidos, bajo la firma del presidente del tribunal John Roberts, emitió una orden provisional que mantiene en marcha la construcción del Salón de Baile de la Casa Blanca. La medida detuvo, por el momento, la resolución de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que había ordenado la paralización total del proyecto.
Orígenes del proyecto y la disputa
El salón, de unos 8.360 metros cuadrados, forma parte de un plan de 400 millones de dólares impulsado por el expresidente Donald Trump. La obra busca reemplazar el Ala Este, demolida por orden del mandatario, y se promocionó como un espacio para recibir a dignatarios sin recurrir a carpas exteriores. Desde su anuncio, la iniciativa generó una fuerte movida legal encabezada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, organismo creado por el Congreso para cuidar los edificios públicos.
Argumentos de la administración y del Fondo Histórico
El Fondo sostiene que ningún presidente posee autoridad “legal unilateral, constitucional o estatutaria” para transformar la Casa Blanca sin una autorización expresa del Congreso. En sus escritos, la entidad recordó que todos los tribunales que examinaron el caso coincidieron en que la obra debía detenerse salvo autorización legislativa.
Por su parte, la administración argumentó que el salón es una pieza clave de seguridad nacional. Presentó declaraciones juradas de altos oficiales, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine y el director de inteligencia nacional Jay Clayton, advirtiendo que detener la obra expondría al presidente y a su familia a riesgos de ataque. El procurador general John Sauer señaló que el proyecto avanza en un 65 % y que ya se comprometieron 200 millones de dólares en donaciones privadas.
Implicancias políticas y de seguridad
La controversia trasciende lo arquitectónico. Cada presidente es considerado “inquilino temporal, no dueño” de la Casa Blanca, una idea reforzada por la Corte de Apelaciones que subrayó que la decisión corresponde al Congreso. Al mismo tiempo, la administración ha descrito el complejo como un “centro militar” con refugios antibombas, instalaciones médicas y sistemas de defensa contra drones y misiles.
Qué sigue en el proceso judicial
La orden de Roberts es una suspensión administrativa que otorga a los magistrados más tiempo para estudiar la solicitud de emergencia presentada por la Casa Blanca. No incluye fundamentos ni un calendario para una resolución definitiva, por lo que el litigio continuará en los tribunales inferiores mientras la Corte Suprema decide si revierte o confirma la medida.
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