Alba Luz Ramos abandona la Corte Suprema de Nicaragua tras tres años sin ejercer sus funciones

El 25 de agosto la magistrada Alba Luz Ramos presentó su renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, según la certificación publicada por la Asamblea Nacional en La Gaceta. La medida pone fin, al menos en el papel, a una situación que se había extendido desde octubre de 2023, cuando el asesor presidencial Horacio Rocha desalojó a Ramos de su despacho y la dejó sin ejercer sus atribuciones.

Una salida motivada por la salud y la presión política

En la carta oficial firmada por la magistrada, que también se identificó como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se alegó que la renuncia respondía a problemas de salud. La misma publicación de La Gaceta señaló que, en los últimos meses, la ex presidenta de la Corte había permanecido recluida en su vivienda dentro de un residencial militar, bajo custodia policial, sin poder ejercer ni siquiera la mínima función administrativa del cargo.

El largo trayecto de una figura sandinista

Alba Luz Ramos Vanegas nació el 3 de junio de 1949 en León y se involucró con el sandinismo en los años setenta, bajo el seudónimo de “Natalia”. Tras una persecución de la Guardia Nacional que la obligó a exiliarse en 1974, estudió en Suiza, Inglaterra y Estados Unidos antes de regresar a Nicaragua tras la victoria de la revolución en 1979. Desde entonces su carrera dentro del aparato judicial sandinista fue meteórica: directora nacional de Registros en 1981, procuradora penal en 1983, viceministra de Justicia en 1984 y magistrada de la Corte Suprema a partir de 1988.

Cuando el sandinismo perdió la presidencia en 1990, Ramos fue la única magistrada de esa línea que mantuvo su puesto, convirtiéndose con los años en la magistrada más longeva de América Latina. Su ascenso definitivo llegó con Daniel Ortega: fue vicepresidenta de la Corte entre 1996 y 1999 y, entre 2002 y 2003, se convirtió en la primera mujer nicaragüense en presidir el máximo tribunal. Con el retorno de Ortega al poder en 2007 y su nombramiento como presidenta en 2010, la magistrada consolidó una estrecha alianza que, según analistas, transformó al Poder Judicial en una extensión del Ejecutivo.

El papel de la Corte en la reelección y la represión

Bajo la gestión de Ramos, la Corte reforzó los Consejos de Liderazgo Sandinista y estructuras juveniles, y se utilizó para legitimar la reelección inconstitucional de Ortega en 2011. Después de 2018, la institución se volvió una herramienta para criminalizar a la oposición, con detenciones arbitrarias y procesos que la comunidad internacional calificó de persecución selectiva. En 2021 la magistrada fue sancionada por el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea por instrumentalizar el Poder Judicial a favor del régimen.

El fin de una era y el nuevo rostro de la Corte

La caída de Ramos se dio cuando dejó de ser útil para el círculo más cercano a la presidenta Rosario Murillo, quien desde 2014 ha ido tomando el control de las instituciones del Estado. En octubre de 2023 la vicepresidenta encabezó una purga que desplazó a más de cien colaboradores de Ramos, y Horacio Rocha la expulsó de su oficina sin permitirle llevarse sus pertenencias. Desde entonces la magistrada intentó, sin éxito, presentar su renuncia a Ortega y escapar del país, mientras un tribunal argentino ordenó en enero de 2025 su captura internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Con la renuncia formal, la Asamblea Nacional ya había juramentado a un nuevo grupo de magistrados leales a Murillo entre noviembre y diciembre de 2025, entre ellos Ana Julia Guido Ochoa, ex fiscal general sancionada por la UE en 2021, quien ahora ocupa la presidencia del máximo tribunal. La salida definitiva de Ramos cierra, al menos en los registros, el capítulo de una figura que durante trece años fue la “ficha” de Ortega en la judicatura, hasta que el mismo papel dejó de garantizarle un lugar en el nuevo esquema de poder de Murillo.

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