Nicaragua aprueba reforma constitucional que elimina a la oposición y alarga el mandato presidencial

La Asamblea Nacional de Nicaragua votó, en la primera legislatura, una reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en cualquier proceso electoral y extiende el período presidencial de seis a siete años. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, se aprobó con la ceremonia de entrega del texto en la tumba del poeta Rubén Darío, en León, a 90 kilómetros de Managua.

Detalles de la enmienda y su alcance

El proyecto de reforma impide postularse a cargos de elección popular a quienes el régimen califica de “golpistas” o “traidores a la patria”, así como a opositores exiliados que, según el líder parlamentario Gustavo Porras, “piden intervención militar de EE. UU.” y “aplauden sanciones”. La norma también alcanza a quienes, a juicio del oficialismo, hayan “menospreciado la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”. Además, la carta magna modificada amplía de seis a siete años los mandatos de los copresidentes, los cargos de elección popular y los periodos de los jefes del Ejército y la Policía. Para entrar en vigor la reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura a partir del 18 de enero de 2027.

Reacción de la comunidad internacional

La medida desató una ola de condenas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó de urgencia a los cancilleres de la región; Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, junto al secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron su rechazo o profunda preocupación. Washington instó a aislar al gobierno nicaragüense, mientras varios países centroamericanos calificaron la declaración de Ortega de “un retroceso democrático”.

Antecedentes y contexto político

Ortega, exguerrillero izquierdista próximo a cumplir 81 años, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo después de unas elecciones de 2021 ampliamente cuestionadas. Desde 2017 comparte el poder con Murillo, quien a los 75 años ocupa el cargo de copresidenta. La reforma se inscribe en una serie de cambios constitucionales: en 2024 el oficialismo ya había extendido el período presidencial de cinco a seis años y había elevado a Murillo al rango de copresidenta, posponiendo las elecciones previstas para fines de 2026 hasta 2027.

La crisis que se remonta a 2018

La tensión política no es nueva. En abril de 2018 el gobierno reprimió protestas antigubernamentales, dejando más de 300 muertos según la ONU, miles de heridos y un éxodo masivo de ciudadanos. El régimen describió esas movilizaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por EE. UU. Desde entonces el espacio cívico quedó restringido y la oposición ha visto sus liderazgos encarcelados o forzados al exilio. La reciente reforma, anunciada semanas después de que Ortega declarara el 19 de julio que “no volverá a haber elecciones” para evitar que la oposición “atrape el Gobierno”, parece consolidar un modelo de poder sin competencia electoral.

Implicancias para la democracia nicaragüense

Si la reforma se ratifica en 2027, Nicaragua quedará sin un mecanismo legal que permita la alternancia política, lo que reforzará la concentración del poder en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La comunidad internacional vigilará de cerca la evolución del proceso, mientras que la población nicaragüense seguirá enfrentando la falta de canales institucionales para expresar su descontento.

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