Cámara Federal cierra casos de Caputo y Tapia y frena la venta libre de medicamentos

Tres fallos judiciales que marcan un hito en la lucha contra la corrupción y la regulación de la salud.

El lunes la Cámara Federal, a través de su Sala I, emitió tres resoluciones que dejaron sin efecto procesos de alto perfil y modificaron normas de comercio. La decisión sobre Luis Caputo, la prohibición de vender medicamentos fuera de farmacias y el sobreseimiento definitivo de Chiqui Tapia fueron anunciados en una sola sesión, generando un fuerte revuelo en los círculos políticos y empresariales de la capital.

Caputo no ocultó datos y se archiva la causa

El tribunal determinó que el exsecretario de Finanzas no ocultó información de forma maliciosa ni utilizó datos privilegiados para favorecer al grupo empresarial Noctua. La Sala I consideró que, aunque existieron dudas sobre la transparencia de algunas operaciones, no se demostró intención dolosa. Con esa postura, el caso contra Luis Caputo quedó sin acción penal y el exfuncionario quedó libre de cargos.

Los farmacéuticos ganan la batalla contra la venta libre

En lo contencioso‑administrativo, la Cámara anuló varios artículos del DNU 70/2023 que habían permitido la comercialización de medicamentos en cualquier comercio. La decisión vuelve a concentrar la venta exclusivamente en farmacias, argumentando que la medida protege la salud pública y evita la automedicación irresponsable. El sector farmacéutico celebró el fallo como una victoria para la seguridad del paciente.

Chiqui Tapia sobreseyado definitivamente

El caso iniciado por Guillermo Tofoni contra el presidente de la AFA, acusado de “desbaratamiento de derechos acordados y lavado de dinero”, también fue cerrado. La Cámara Federal dictó el sobreseimiento definitivo, señalando que las pruebas presentadas no alcanzaban el nivel de convicción necesario para sostener la acusación. La decisión pone fin a una larga disputa que había dividido a dirigentes del fútbol y a la opinión pública.

Estos fallos, aunque distintos en contenido, comparten una lógica de revisión rigurosa de los procesos judiciales y una intención de delimitar los alcances del poder tanto en la esfera financiera como en la sanitaria. Para la ciudadanía cordobesa, el mensaje es claro: la justicia sigue trabajando, pero también muestra sus límites cuando la evidencia no basta para sostener una acusación.

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