Beijing endurece la normativa migratoria para bloquear salidas vinculadas a tecnología

Este martes el Consejo de Estado de China aprobó las Disposiciones sobre Administración de Entrada y Salida, un paquete de 19 artículos que entró en vigor el 15 de septiembre y que permite vetar la salida del país a ciudadanos que hayan incurrido en actividades ilegales relacionadas con la exportación de tecnología. La medida, la más importante actualización del marco migratorio desde la Ley de 2013, busca proteger la soberanía y la seguridad industrial nacional frente a la fuga de conocimiento sensible.

Veto de salida y sanciones para extranjeros

Según el texto, cualquier chino que cometa actos delictivos en el exterior que perjudiquen la seguridad nacional podrá quedar inhabilitado para viajar al exterior entre seis meses y tres años, contados desde su regreso. La misma restricción se aplicará a quienes vulneren regulaciones de importación o exportación tecnológica cuando el incumplimiento comprometa la seguridad industrial. Para los extranjeros, la norma prevé la denegación de entrada durante uno a cinco años si entregan información falsa en una solicitud de visado o aparecen en listas oficiales de sanciones, según el análisis del bufete DLA Piper.

Reacciones de expertos y gobiernos

Mark Jia, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, advirtió que la definición amplia de “seguridad nacional” abre la puerta a prohibiciones de salida sin garantías procesales. La consultora Trivium, especializada en política china, describió la medida como otra muestra de la determinación de Beijing de impedir la transferencia de conocimiento tecnológico sensible. Por su parte, Shen Yu‑chung, subdirector del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, denunció que la reforma legaliza controles fronterizos sin un fundamento jurídico claro y amplía la discrecionalidad de los organismos chinos, en especial respecto a los taiwaneses del sector tecnológico.

Contexto de la disputa tecnológica

La nueva normativa llega tras el bloqueo de abril de este año a la compra por parte de Meta de la startup de inteligencia artificial Manus, valorada en cerca de 2 000 millones de dólares. Aunque la empresa trasladó su sede a Singapur en 2025, conservó lazos con talento e infraestructura china, y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ordenó deshacer la operación por riesgos de transferencia tecnológica. Los cofundadores de Manus fueron impedidos de salir del país mientras se investigaba el caso.

Un patrón que se extiende desde 2012

Los vetos de salida no son novedad, pero su alcance se ha multiplicado desde que Xi Jinping asumió la presidencia en 2012. Un informe de Safeguard Defenders de 2023 estimó que decenas de miles de personas están sujetas en cada momento a alguna prohibición de salida, sin contar a los millones de tibetanos y uigures de Xinjiang restringidos por motivos étnicos. Entre 2018 y 2023, al menos cinco leyes fueron aprobadas o modificadas para este fin, sumando 15 normas vigentes. Reuters detectó un aumento de ocho veces en los casos judiciales que mencionan estos vetos entre 2016 y 2022, señalando la creciente fricción tecnológica entre Washington y Beijing.

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