Ortega y Murillo: de la revolución sandinista a la dictadura más impune de América Latina

El 19 de julio de 2024, Daniel Ortega pronunció en Managua un discurso que dejó sin futuro la ilusión de elecciones libres en Nicaragua. En la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario aseguró que “no volverá a haber elecciones para que intenten atrapar el Gobierno”. Ese mensaje fue el cierre formal a un proceso de desmantelamiento democrático que empezó a gestarse a principios de los 2000.

Los primeros pasos de la autocracia

Tras perder las urnas frente a Violeta Chamorro en 1990, Ortega se alió con el entonces presidente Arnoldo Alemán, un hombre conocido por su corrupción, para modificar la ley electoral y bajar el quórum de la primera vuelta. La maniobra le permitió volver al poder en 2006, cuando impulsó la eliminación de la prohibición constitucional de la reelección. Cada cambio legislativo fue una pieza más del rompecabezas que hoy sostiene una dictadura sin contrapesos.

La masacre de 2018 y el aumento de la represión

La verdadera ruptura se produjo en 2018, cuando el gobierno intentó reformar el sistema de pensiones. Las protestas populares se tornaron sangrientas: la policía y grupos paramilitares dejaron un saldo de al menos 300 manifestantes muertos. Desde entonces, la violencia estatal no hizo más que escalar, convirtiendo a Nicaragua en una de las dictaduras más temidas del continente.

El cierre de la arena política

En agosto y septiembre de 2024, el Parlamento anuló las elecciones municipales y generales, extendiendo indefinidamente el mandato de Ortega y declarando al país ajeno a cualquier resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA). La persecución se extendió a políticos, periodistas, empresarios y líderes cívicos; siete precandidatos, entre ellos Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, fueron detenidos bajo la acusación de “traición a la patria” y recluidos en la temida cárcel de El Chipote.

Represión contra la Iglesia y la sociedad civil

La única institución que mantuvo cierta independencia moral, la Iglesia Católica, sufrió una ola de expulsiones: 309 religiosos, incluidos ocho obispos, fueron forzados a abandonar el país. Monseñor Rolando Álvarez, condenado sin juicio a 26 años, terminó exiliado al Vaticano. Además, congregaciones como las Misioneras de la Caridad vieron sus actividades clausuradas y las cuentas bancarias de las diócesis fueron congeladas, mientras la policía grababa oficios religiosos para intimidar.

Complicidad regional y la sombra de una nueva dinastía

Brasil y México, los únicos países que aún dialogan con el régimen, se han mantenido al margen de las resoluciones de la OEA, que desde 2018 ha emitido veinte medidas para presionar a Ortega. La postura de ambos gobiernos, bajo la excusa del “diálogo” o la “no injerencia”, se percibe como una complicidad tácita con una dictadura que, al igual que la dinastía Somoza, busca perpetuarse bajo la figura de un “reyezuelo” moderno.

El panorama actual muestra a Nicaragua sin oposición organizada, con desapariciones forzosas, asesinatos bajo custodia policial y una red de represión que se extiende más allá de sus fronteras, como el caso del ex mayor del ejército, Roberto Samcam Ruíz, asesinado en Costa Rica por un sicario vinculado al régimen. La pregunta que queda es si la comunidad internacional está dispuesta a detener la consolidación de otro Estado autoritario en América Latina.

Explora más noticias en nuestra sección: Mundo