EE.UU. endurece la presión a Cuba: 11 entidades del níquel y del ejército bajo sanciones
El gobierno estadounidense bloqueó activos y prohibió transacciones de ocho empresas mineras y cuatro organismos militares, además de tres altos oficiales de las FAR.
Este jueves Washington anunció una nueva ronda de sanciones contra once entidades y funcionarios vinculados al sector del níquel y al aparato militar de la República de Cuba. Los activos sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y cualquier operación con personas o empresas estadounidenses está prohibida.
Orden Ejecutiva 14404 como marco legal
La medida se sustenta en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. Dicha normativa permite a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) imponer restricciones a personas y organizaciones que, según Washington, alimentan la represión o representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.
Dos grupos, once designados
El Departamento de Estado dividió las designaciones en dos bloques. El primero agrupa a cuatro empresas que desarrollan ingeniería, investigación, servicios técnicos y la propia extracción del níquel. El segundo engloba a cuatro organismos militares dedicados a investigación, producción tecnológica, entrenamiento y capacidades navales, y a tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Empresas mineras bajo la mira
Entre las compañías sancionadas están SERCONI, que brinda servicios técnicos, de computación y comunicaciones a la industria del níquel; CEPRONIQUEL, que coordina proyectos de ingeniería vinculados a la extracción; CEDINIQ, centro estatal de investigación del sector; y PINARES S.A., dedicada a estudios geológicos y a la identificación de depósitos minerales.
Entidades militares y sus dirigentes
En el ámbito militar, la lista incluye a SIMPRO, especializado en simuladores y entrenamiento para las FAR; CIDNAV, ligado a programas de investigación de la Marina de Guerra Revolucionaria; CIDAI, enfocado en armamento de infantería; y GELCOM, que fabrica equipos electrónicos y de comunicaciones. Los oficiales sancionados son el coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director de SIMPRO; el capitán Dioglis Pedreira Argüello, al frente de CIDNAV; y el coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director de CIDAI.
Antecedentes de la política estadounidense
La ofensiva se suma a una serie de designaciones realizadas durante 2026. En agosto se sancionaron entidades vinculadas a la importación de equipamiento militar y, en junio, al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Estas acciones continúan la larga cadena de medidas que EE.UU. ha impuesto a Cuba desde el embargo de los años sesenta, buscando presionar al gobierno para que modifique su modelo económico y su política de derechos humanos.
Impacto económico y social
Según la administración estadounidense, el níquel constituye una fuente crucial de ingresos para el Estado cubano y los recursos generados se canalizan hacia la élite militar. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el régimen cubano ha dirigido “todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta”, dejando a la población sin energía confiable, alimentos o dignidad. El bloqueo de los activos y la prohibición de transacciones podrían reducir los ingresos del sector minero y limitar la capacidad de las FAR para adquirir equipamiento.
Riesgos para terceros y perspectivas
Las personas bajo jurisdicción estadounidense deben reportar cualquier bien vinculado a los sancionados y abstenerse de operar con ellos, salvo autorización de OFAC. La normativa también advierte que empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los sectores sancionados podrían exponerse a sanciones propias. Rubio reiteró que la Casa Blanca continuará utilizando estas herramientas contra quienes, según Washington, sostienen el aparato represivo y militar cubano, sin descartar nuevas designaciones en los próximos meses.
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