EE.UU. corta visas a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por presunta corrupción y narcotráfico

Este lunes Washington anunció la revocación o restricción de visas para un conjunto de funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, extendiendo también la medida a sus familiares directos. La decisión, basada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, busca impedir el ingreso a EE.UU. de quienes, según el Departamento de Estado, vulneran gobiernos democráticos mediante actos de corrupción o narcotráfico.

Bolivia lidera la lista con doce visas revocadas

El mayor número de afectados corresponde a Bolivia, donde doce personas y sus familias fueron expulsadas del programa de visados y otras nueve quedaron inhabilitadas para solicitar una visa en el futuro. Entre los nombres públicos figura el fiscal general recién electo, Roger Mariaca, a quien el gobierno estadounidense designó bajo la sección 7031(c) por presunto abuso de cargo, aceptación de sobornos y facilitación de actividades narcotraficantes. La lista también incluye a fiscales, magistrados, un coronel de la Policía y un empresario, todos señalados como parte de una red que, según Washington, socava la justicia y la seguridad del país.

Colombia, Perú y Ecuador también entran en la cruzada

En Colombia la medida recayó sobre el empresario Euclides Antonio Torres Romero, dueño de un conglomerado energético y de señalización vial, y sobre la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social. En Perú, la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos del Primer Circuito Constitucional de Lima fue revocada, extendiéndose la restricción a sus familiares directos. Ecuador quedó incluido con dos ciudadanos, cuyos nombres no fueron divulgados por el Departamento de Estado.

El marco del «Escudo de las Américas»

Washington vinculó la acción a los compromisos asumidos dentro del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa iniciada bajo la administración Trump para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad. Los países involucrados acordaron coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra individuos que pongan en riesgo la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en el continente.

Un mecanismo permanente para actuar con rapidez

El Departamento de Estado subrayó que la nueva política constituye un mecanismo duradero que permite a EE.UU. actuar de forma inmediata en coordinación con sus socios, a medida que se van acumulando pruebas. La medida llega tras un reforzamiento de la cooperación con Colombia, Ecuador y Perú en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico durante el mes de septiembre, y se mantendrá actualizada a través de la información consular disponible para los cuatro países.

Impacto y reacciones en la región

Las revocaciones generan una fuerte oleada de críticas en los gobiernos afectados, que califican la medida de unilateral y de falta de pruebas contundentes. Por su parte, la comunidad internacional observa con atención la capacidad de EE.UU. para usar la política migratoria como herramienta de presión contra la corrupción. En la práctica, la restricción de visas limita la movilidad de altos funcionarios y sus familias, dificultando viajes de negocios, estudios o turismo en territorio estadounidense, y envía una señal clara de que la corrupción y el narcotráfico no pasarán desapercibidos en la agenda de Washington.

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