EE.UU. sanciona al fiscal general de Bolivia por presuntos nexos narco: el dilema del gobierno de Rodrigo Paz

El pasado 15 de septiembre la embajada de Estados Unidos en La Paz emitió un contundente comunicado que señala: “No toleramos la narco‑política en el hemisferio y nadie está exento”. En el mismo texto se anuncia la revocación de visas y la imposición de sanciones a funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.

El comunicado estadounidense y la lista de sancionados

El Departamento de Estado, bajo la conducción de Marco Rubio, incluyó entre los nombres más relevantes al fiscal general boliviano Roger Rider Mariaca Montenegro. Según el anuncio, Mariaca habría participado en actos de corrupción significativa, aceptando sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. La medida también lo declara inelegible para ingresar a Estados Unidos, extendiendo la restricción a los miembros de su familia inmediata.

Junto a Mariaca, la lista de sancionados abarca a altos funcionarios judiciales y de seguridad de Bolivia, entre ellos el Fiscal Superior Martín Daniel Irusta Flores, la jueza Albania Chane Caballero Saavedra, el ex ministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne y el coronel de la Policía Boliviana Frans William Cabrera Quispe, entre otros. La enumeración no se presentó en forma de lista, sino que se integró al relato para mostrar la magnitud del operativo.

Los antecedentes de Roger Mariaca

Roger Mariaca fue nombrado fiscal general en octubre de 2024 por una asamblea mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS), que entonces dividía sus lealtades entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Su mandato se extiende hasta 2030. Antes de ocupar el cargo más alto del Ministerio Público, Mariaca se desempeñó como fiscal en Santa Cruz de la Sierra, donde, según fuentes, cultivó una red de contactos que incluía a figuras vinculadas al narcotráfico.

En el barrio Las Palmas de Santa Cruz, se refugió durante años el narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado con apoyo de la DEA y trasladado rápidamente a Estados Unidos. Las investigaciones sugieren que Mariaca habría brindado protección a Marset y a otros narcotraficantes, lo que alimenta la acusación de “protección narco”.

Reacción del gobierno de Rodrigo Paz

Ante la presión internacional, el presidente interino Rodrigo Paz, que asumió tras la renuncia de Luis Arce, respondió que los acusados deberán comparecer ante la justicia boliviana. Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Oviedo, reiteraron la necesidad de que el sistema judicial actúe con independencia, pese a que Mariaca es una pieza clave del mismo.

Paz también denunció la “injerencia” y “interferencia” de EE.UU. en asuntos internos, aunque reconoció que la situación obliga a reforzar los mecanismos de control y transparencia dentro del Poder Judicial.

Qué implica para la justicia boliviana

El comunicado del Departamento de Estado dejó claro que Estados Unidos empleará todas las herramientas a su alcance para desenmascarar a funcionarios que faciliten la corrupción y el narcotráfico. Para Bolivia, el reto es doble: por un lado, demostrar que las instituciones pueden investigar y sancionar a sus propios miembros sin depender de presiones externas; por el otro, evitar que la crisis de confianza erosione aún más la ya frágil relación con Washington.

El caso Mariaca revive la sombra de la ruptura diplomática iniciada por Evo Morales, quien expulsó a los diplomáticos norteamericanos para acercarse a gobiernos como Cuba, Irán, Venezuela, Rusia y China. Aquella decisión, según analistas, no solo fue ideológica, sino que también abrió brechas que facilitaron la expansión del narcotráfico en la región.

Con el reloj corriendo, los órganos judiciales bolivianos deberán decidir si iniciar procesos penales contra los sancionados o si la presión externa seguirá marcando la agenda interna. La respuesta de Paz será observada de cerca tanto por la ciudadanía cordobesa como por los vecinos sudamericanos, que temen una escalada de la narco‑política en la zona.

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