Gobierno de Bolivia niega la designación de Luis Montaño y entrega la sucesión al Congreso

El Ejecutivo rechaza la designación de Luis Montaño

El Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, declaró este lunes que no reconoce a Luis Montaño como fiscal general interino. La decisión llegó justo después de la detención del titular del Ministerio Público, Roger Mariaca, y coloca la responsabilidad de elegir al nuevo máximo responsable del organismo en manos de la Asamblea Legislativa.

Detención de Roger Mariaca y el operativo contra el Ministerio Público

Roger Mariaca, electo en 2024 para un mandato de seis años, fue arrestado en un operativo que involucró a trece personas, entre fiscales, funcionarios judiciales y al menos un jefe policial. Las autoridades lo acusan de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público que habría protegido actividades vinculadas al narcotráfico.

Entre los detenidos figuró Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, excandidato del Movimiento al Socialismo. El operativo también buscó al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien había escapado de una redada en Santa Cruz en 2023 y fue capturado en marzo de este año.

Acusaciones contra Luis Montaño

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que Montaño ejerce funciones sin respaldo legal y que intentó apartar a fiscales que investigaban a los detenidos. “De manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones auto declarándose como fiscal general”, afirmó, y advirtió que el hombre está siendo buscado y será detenido si persiste en su accionar.

Gálvez pidió esperar una evaluación jurídica antes de definir la sucesión, subrayando que el caso “todavía está en evolución” y que la ciudadanía debe tener paciencia.

Reacción de Estados Unidos y presión internacional

La detención de Mariaca coincidió con la revocación, por parte de Estados Unidos, de los visados de varios altos funcionarios bolivianos, entre ellos el propio fiscal. Washington los acusó de participar en actos graves de corrupción, de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a personas investigadas por delitos violentos a evadir la justicia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz y a sus medidas contra el crimen organizado, señalando que la anulación de visas es una herramienta para presionar a gobiernos que toleran la delincuencia transnacional.

Contexto y repercusión política

La polémica sobre la sucesión del Ministerio Público no es la primera vez que el Ejecutivo boliviano se enfrenta a tensiones con la rama judicial. En años recientes, varios fiscales fueron removidos o sustituidos tras investigaciones que involucraron a políticos y empresarios del narcotráfico, lo que generó debates sobre la independencia del órgano y su capacidad para perseguir casos de alto perfil.

Al dejar la decisión en manos del Legislativo, el Gobierno busca evitar una nueva escalada institucional y, al mismo tiempo, garantizar que la designación cuente con el respaldo constitucional necesario. La Asamblea Legislativa deberá convocar a los partidos para definir al próximo fiscal general, una tarea que probablemente se convierta en otro punto de fricción entre la oposición y la coalición oficialista.

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