Fiscal general boliviano Roger Mariaca enfrenta seis meses de prisión preventiva y una crisis institucional

La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes seis meses de prisión preventiva para el ex procurador general Roger Mariaca y tres detenidos, bajo la acusación de integrar una supuesta red de tráfico de drogas y organización criminal.

Fiscalía pide prisión preventiva

El Ministerio Público imputó formalmente a Mariaca, al exfuncionario Alberto Zeballos, al empresario Martín Irusta y al agente policial Rubén Aparicio por delitos de tráfico de sustancias controladas y por conformar una organización criminal. La petición fiscal indica que los acusados deben permanecer bajo custodia mientras avanza la investigación, en los centros penitenciarios de San Pedro y Patacamaya.

Vacío de poder y disputa por la sucesión

La detención de Mariaca, que había ocupado el cargo de fiscal general desde 2024 con un mandato de seis años, desencadenó una pugna sobre quién debería asumir la conducción del Ministerio Público. En la mañana siguiente, el fiscal superior Luis Montaño se presentó ante los medios como titular interino, alegando que la normativa boliviana permite que el funcionario de mayor antigüedad asuma de forma transitoria ante una ausencia temporal.

El propio Ministerio Público reconoció inicialmente a Montaño como titular mediante un comunicado, pero el Gobierno cuestionó esa decisión y rechazó que pudiera ejercer el cargo bajo esas circunstancias.

Reacciones del Ejecutivo y la oposición

El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó de la solicitud de prisión preventiva durante una sesión de la Asamblea Legislativa, subrayando la gravedad de los hechos. Por su parte, el vocero presidencial José Luis Gálvez primero pidió esperar una definición de las autoridades competentes, pero horas después denunció una “usurpación de funciones” por parte de Montaño, señalando que intentó destituir fiscales y cerrar el sistema institucional para impedir denuncias.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, endureció la acusación del Ejecutivo contra Mariaca, calificándola de “blanco y negro” y afirmando que el exfiscal encabezó una organización criminal destinada a proteger y fomentar el narcoterrorismo en el país.

Desde la oposición, la senadora Tomasa Yarhui exigió una definición institucional inmediata, advirtiendo que la Asamblea debería elegir cuanto antes a un nuevo titular para devolverle credibilidad al Ministerio Público y evitar que quede sometido a ningún gobierno.

Impacto en la Fiscalía de La Paz

La crisis también se sintió en la Fiscalía de La Paz, donde el fiscal departamental Luis Carlos Torrez presentó su renuncia después de que la Policía registrara oficinas de la institución. Los agentes mantuvieron acordado el edificio mientras continuaban las actuaciones vinculadas a la causa.

Especialistas en derecho constitucional señalaron que la detención de Mariaca constituye una situación excepcional y que corresponde a la Asamblea Legislativa intervenir para definir la sucesión, pese a que la legislación permite una medida transitoria de mayor antigüedad.

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