Sánchez aprueba los decretos de vivienda y asegura que el Gobierno no tirará la toalla

Los decretos de vivienda pasan el Consejo de Ministros y se dirigen a la Comisión Permanente

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez anunció que los dos paquetes de vivienda –conocidos como decretos Maricarmen– fueron aprobados por unanimidad y ahora esperan la convalidación en la Comisión Permanente de la Cámara Baja. La particularidad es que, según explicó el mandatario, esa sala no requiere el voto de los diputados de Junts, lo que elimina un obstáculo que había frenado la iniciativa desde la primera lectura.

Una jugada electoral que pone la vivienda en el centro del debate

Sánchez dejó claro que la medida forma parte de una estrategia para colocar el conflicto entre inquilinos y propietarios en el foco de la campaña electoral. «El Gobierno sigue trabajando, no vamos a tirar la toalla ni dejar a la gente tirada», sostuvo el presidente, quien también adelantó la convocatoria de elecciones anticipadas en su discurso de La Moncloa la semana pasada. La intención, según él, es forzar al Parlamento a otorgar una mayoría más amplia y progresista que le permita “doblegar a las élites”.

Qué incluye el primer decreto y por qué el segundo se complica

El primer decreto extiende dos años la vigencia de los contratos de alquiler vigentes y mantiene la protección contra desahucios para colectivos vulnerables hasta 2030. Además, contempla ayudas directas a inquilinos y bonificaciones fiscales para pequeños caseros, medida que contó con el apoyo del PNV. En cambio, el segundo decreto propone la renovación automática de los alquileres, una cláusula que ha generado recelo entre los nacionalistas vascos y que, según Sánchez, dificultará su convalidación. Por esa razón, el segundo paquete no entrará en vigor hasta que el Congreso le dé el visto bueno.

Reacciones de la oposición y la presión social

El Partido Popular no tardó en lanzar críticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Sánchez de “secuestrar” el Congreso para aprobar normas que, según ella, vulneran el derecho constitucional a la propiedad privada. En el mismo sentido, el líder del Ejecutivo se limitó a responder que no tiene nada que decir sobre la supuesta vulneración constitucional, evitando asumir responsabilidades directas. Mientras tanto, los movimientos sociales se organizan para convocar la primera huelga general por la vivienda en la historia de la democracia española, una mobilización que ya está tomando forma en las calles.

El contexto político y el futuro de la reforma

El escenario está marcado por un Congreso que, según Sánchez, “da la espalda” al Ejecutivo, obligándolo a seguir gobernando dentro de sus limitaciones. La falta de consenso entre los partidos autonómicos, sobre todo los gobernados por el PP, ha dificultado la puesta en marcha de la primera ley de vivienda aprobada por el Gobierno. Sin embargo, el presidente sigue confiando en que la presión social y la necesidad de una mayor mayoría le permitirán avanzar con la reforma, que él considera una pieza clave para cambiar el paradigma de la vivienda en España.

Explora más noticias en nuestra sección: Mundo