Milei lanza nuevo plan de retiros voluntarios para empleados del Estado

El presidente Javier Milei firmó este lunes el Decreto 1203/2026, que abre una nueva etapa de retiros voluntarios para los empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. La convocatoria, que se extiende del 1 al 30 de noviembre con una posible prórroga de 30 días, permite a los funcionarios que cumplan con los requisitos abandonar su puesto a cambio de una compensación calculada según edad, aportes y antigüedad.

¿Cómo funciona el nuevo régimen?

Para adherirse, el trabajador debe pertenecer a la planta permanente o tener un contrato a tiempo indeterminado, y ejercer funciones dentro de la administración central del Estado. No se admiten a quienes tengan procesos penales o sumarios administrativos pendientes, reclamos laborales abiertos contra el Estado, ni a quienes se encuentren en disponibilidad o hayan presentado renuncia sin que ésta haya sido aceptada. La inscripción implica la ruptura definitiva del vínculo laboral y la eliminación del cargo presupuestario, con una prohibición de reincorporación al sector público nacional durante ocho años.

Exclusiones y alcance del decreto

El plan excluye a los organismos descentralizados, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), al Servicio Exterior y a otros sectores señalados expresamente en el texto. La medida se circunscribe a la administración central, dejando fuera a los empleados de provincias y municipios, que siguen bajo la jurisdicción de sus respectivos gobiernos locales.

Antecedentes: la segunda fase del Plan de Retiros de la ANSES

Esta iniciativa llega después de que la ANSES, a fines de septiembre, lanzara la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, dirigido a empleados de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024. Esa convocatoria cerró el 30 de septiembre y ofreció compensaciones de hasta 19 haberes brutos, acompañadas de una prohibición de reingreso al sector público nacional durante cinco años. El nuevo decreto de Milei amplía la lógica del ajuste, pero con una cobertura más restrictiva y una penalización mayor para quienes intenten volver al Estado.

Contexto político y económico

Desde su asunción, el gobierno de Milei ha impulsado una agenda de “motosierra” que incluye la licuación de salarios del sector público, la reducción de subsidios y la privatización de empresas estatales. En declaraciones recientes, el mandatario celebró la caída de los salarios como una consecuencia esperada de su modelo libertario. Con la firma del nuevo decreto, el Ejecutivo busca acelerar la reducción de la nómina, argumentando que la medida aligera la carga fiscal y permite reorientar recursos hacia la inversión en defensa y otras prioridades del gobierno.

Reacciones y expectativas

Los sindicatos del sector público han calificado la medida de “ataque directo a los derechos laborales” y han anunciado la convocatoria de movilizaciones en varias capitales provinciales. Por su parte, economistas liberales consideran que el plan podría generar un ahorro significativo en el presupuesto nacional, aunque advierten sobre el riesgo de desincentivar la permanencia de profesionales capacitados en la administración pública. Mientras tanto, los empleados que evalúan la propuesta deben sopesar la compensación inmediata frente a la imposibilidad de volver al sector público durante casi una década.

En definitiva, el Decreto 1203/2026 marca un nuevo punto de inflexión en la política de ajuste del gobierno mileísta, poniendo en la balanza la reducción de la plantilla estatal frente a la estabilidad laboral de miles de funcionarios que dependen del empleo público para su sustento y el de sus familias.

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