Sanciones argentinas frenan avances del proyecto petrolero Sea Lion
Las medidas judiciales y comerciales de Buenos Aires obligan a contratistas a abandonar la zona de las Malvinas y ponen en jaque la fase 2027 del yacimiento.

Salida de contratistas y riesgo para el FPSO
El proyecto petrolero Sea Lion, liderado por compañías británicas e israelíes en la zona de las Islas Malvinas, se topó con la primera oleada de consecuencias tras la aplicación de sanciones por parte del Gobierno argentino. Dos contratistas anunciaron su retirada, alegando la posibilidad de enfrentar represalias judiciales y comerciales por participar en actividades que Argentina califica de ilegales.
En paralelo, el astillero singapurense Seatrium evaluó la rescisión del contrato para remodelar el buque Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) que constituye una pieza clave para procesar el crudo que se extraiga del yacimiento.
Respuesta de los operadores y movimientos en bolsa
Rockhopper Exploration, que informó a la Bolsa de Londres la salida de los dos contratistas, aseguró que la decisión no altera, por ahora, el cronograma previsto ni supone un perjuicio significativo para el desarrollo del proyecto. La compañía destacó que Navitas Petroleum, operadora mayoritaria, avanza en la búsqueda de reemplazos para las empresas que abandonaron las operaciones.
Navitas, por su parte, mantiene la intención de iniciar la primera fase del desarrollo en 2027, pese a la incertidumbre generada por la pérdida de socios técnicos. En el mercado, la noticia provocó una caída del 1,2% en las acciones de Rockhopper en Londres y un descenso del 6,59% en los títulos de Navitas cotizados en Tel Aviv.
Posición del canciller y la estrategia legislativa
El canciller Pablo Quirno reiteró la postura argentina durante el encuentro Marval Legal Forecast 2027, advirtiendo que una gota de petróleo extraída en la zona no es recuperable y que la estrategia de arbitraje internacional seguirá adelante sin importar la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo.
Quirno subrayó que participar en actividades que el Estado considera ilegítimas puede acarrear costos comerciales y empresariales elevados. Mientras tanto, el Gobierno impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que operen sin autorización en el Atlántico Sur. La iniciativa no avanzó esta semana por falta de quórum.
Próxima decisión del TIDM y escenarios futuros
El 28 de noviembre será una fecha clave: el TIDM anunciará su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para suspender las perforaciones en el área disputada. La audiencia pública está prevista para el mediodía en Hamburgo.
Mientras tanto, la administración nacional mantiene abiertas distintas vías de presión, combinando sanciones, acciones judiciales y la posible aprobación de la nueva ley. Las compañías involucradas continúan trabajando para reemplazar a los contratistas que se fueron y preservar el calendario de desarrollo previsto para 2027, aunque el escenario sigue abierto y la incertidumbre persiste.
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