Líderes de todo el mundo advierten el inicio de las condiciones para que ocurra un autogolpe de Estado en Brasil.
Mientras Bolsonaro alienta a las masas a manifestarse en las calles, países como Estados Unidos advierten las consecuencias.
El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso un ultimátum a los jueces del país.
Para presionar al máximo, advirtió una ruptura institucional y pidió a su militancia que salgan a las calles.
Dentro de ese mismo plan se presume que se utilizará a las fuerzas policiales y armadas.
El objetivo es que los jueces renuncien o, en el mejor de los casos, desistan en las causas iniciadas contra Bolsonaro.
De acuerdo a los cálculos bolsonaristas, entre uno o dos millones de personas coparán las calles a favor del gobierno.
Si todo sale a lo esperado, el Supremo Tribunal Federal, acusado por Bolsonaro de violar la Constitución, será intervenido.
La idea es replicar la misma estrategia utilizada por Donald Trump en el asalto al Capitolio.
Bolsonaro, al igual que su amigo Trump, usará a los civiles como herramienta de presión. Para llegar un poco más lejos, se suma a los militares.
Al margen de las amenazas de Bolsonaro, los gobernadores prevén motines organizados por los policías afines al autogolpe.
Por esta situación, en San Pablo y Brasilia se montarán operativos sin precedentes que incluye controles de armas.
En la pulseada bolsonarista también se encuentran empresarios, ruralistas sojeros, mineros, pastores evangelistas, policías y militares afines.
De acuerdo a las palabras de Bolsonaro, la marcha es tan sólo una advertencia, un ultimátum. Porque «la libertad está por encima de la propia vida», advierte el mandatario.
Aparejado al clima social y político, en Brasil avanzan los problemas inflacionarios y las causas por corrupción.
