En la noche del jueves, centenares de vecinos se autoconvocaron ante el Patio Olmos para expresar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el Presidente de la Nación, Javier Milei. Dicha manifestación, hecha de forma pacífica, recibió una importante represión por parte de fuerzas policiales.
Pese a que originalmente la Justicia local planteó que el protocolo ‘antipiquetes’ del Ministerio de Seguridad de la Nación no tenía alcance en Córdoba, el fiscal Ernesto de Aragón ordenó el desalojo de la calle cerca de las 22hs.
Durante el operativo, miles de cordobeses se enteraron de los sucesos por medio de registros que iban apareciendo en redes sociales e informes primerizos de los medios de comunicación. Luego se terminó sabiendo que hubo varios detenidos, entre ellos estudiantes, egresados de la UNC, periodistas y trabajadores de la cultura.
De esta forma, y con un país en estado de ebullición total, este es el primer cacerolazo (como aquellos del 2001) que resultó ser reprimido.
Repudio generalizado
A la mañana siguiente, varios referentes, colectivos y espacios políticos expresaron su repudio al accionar de las fuerzas de seguridad durante la manifestación. Tal fue el caso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CISPREN, el Colectivo de Cineastas de Córdoba, e incluso facultades de la misma UNC.
Del lado de la APDH se expresó preocupación por la aplicación del protocolo en la provincia, entendiendo que el mismo atenta contra «el legítimo ejercicio de marchar y de la protesta social».
Sobre esa línea, el comunicado del colectivo de derechos humanos aseveró que «criminalizar y reprimir solo recorta las garantías constitucionales», como el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión.
Por su parte, el CISPREN emitió un comunicado, también repudiando la represión y las detenciones llevadas a cabo por los efectivos policiales, particularmente contra el periodista Rodrigo Savoretti, trabajador de Enfant Terrible e integrante de la Red de Medios Digitales.
El gremio recordó, a su vez, que en Córdoba existe el Registro de Trabajadores de Prensa (ReTraPren), para garantizar el normal desarrollo de la cobertura de prensa en espacios públicos.
Finalmente, también hicieron público su repudio la concejala Laura Vilches, en representación del Frente de Izquierda; y la diputada Gabriela Estévez, en representación de Unión por la Patria. En ambos casos, criticaron al Gobierno Provincial por la represión a una manifestación pacífica.
