El Gobierno Nacional autorizó a los efectivos de las Fuerzas Armadas a detener civiles de forma transitoria en la frontera norte del país.
La medida responde al ‘Operativo Roca’, impulsado desde el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo el cual se busca reforzar la vigilancia en la zona fronteriza junto a la Gendarmería.
Según dio a conocer el diario Clarín, la orden fue emitida por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien a su vez habilitó al personal militar a portar armas de carga durante los patrullajes, ante «situaciones de potencial peligro».
De acuerdo al texto de la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, los militares podrán «proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete».
No obstante, la normativa aclara que se habilita el uso de la fuerza únicamente en aquellos casos donde sea necesaria la defensa tanto de los uniformados como de terceros ante «agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o el cumplimiento del deber».
En la Resolución, se defiende la medida argumentando que «la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la Policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común», de acuerdo a lo establecido por Código Procesal Penal.
Poco después de publicarse el documento, surgieron críticas de parte de otros ex ministros como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, los cuales señalaron que estas reglas de empeñamiento (es decir, el marco jurídico del accionar del personal militar) entran en conflicto con las leyes vigentes.
Asimismo, algunos mandos militares se manifestaron preocupados, dado que esta medida podría resultar en juicios derivados de accidentes con vehículos.
