Bolivia extiende 90 días el estado de excepción mientras se espera el visto bueno del Parlamento

El Gobierno boliviano aprobó este lunes un decreto que prolonga el estado de excepción por otros noventa días, con vigencia a partir del 18 de septiembre, fecha en que expira el primer período establecido desde el 20 de junio. La medida, que busca contener nuevas movilizaciones sociales, quedará en vigor solo después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la ratifique.

El gabinete selló la decisión

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que el decreto será publicado en las próximas horas y que su entrada en vigor dependerá del voto parlamentario. «Hemos aprobado un decreto que se publicará en breve y que se mantendrá mientras persistan los factores de riesgo», declaró el ministro en la conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete encabezada por el presidente Rodrigo Paz.

Parlamento bajo presión para decidir

Según el senador Milton Quispe, de la oposición Unidad, la ALP debe analizar la norma en un plazo de 72 horas y aprobarla por simple mayoría, tal como establece el reglamento interno. La urgencia del debate se dio a conocer un día después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara la intención de presentar el decreto ante el Congreso, argumentando que existe un amplio consenso ciudadano a favor de la extensión.

Contexto de la crisis social

La medida llega después de que, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) organizaran bloqueos de carreteras en el occidente y centro del país, con el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales. Las protestas, que exigían la renuncia de Rodrigo Paz, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, dejando al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 3.000 millones de dólares.

Reacciones y temores políticos

Jorge Tuto Quiroga, ex presidente (2001‑2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, advirtió que una nueva extensión del estado de excepción retrasaría la reforma constitucional prevista para atraer inversión extranjera. Por su parte, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que también busca prolongar la medida, argumentando que es necesario proteger la reactivación económica del país.

Con la extensión en juego, la Bolivia de hoy se enfrenta a la disyuntiva de equilibrar la seguridad interna con la presión de sectores que reclaman cambios profundos, mientras la comunidad internacional observa de cerca la evolución del conflicto social.

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