Bolivia: Paz advierte a Evo Morales que nadie está por encima de la ley ante la amenaza de nuevas protestas
Paz advierte a Morales que la ley no admite inmunidad mientras se avecinan nuevas protestas.
El Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, lanzó este domingo un mensaje firme a Evo Morales: nadie está por encima de la ley. La advertencia surgió después de que el ex mandatario anunciara la posibilidad de encabezar nuevas movilizaciones a partir del 13 de octubre, en respuesta a las medidas económicas que el Ejecutivo está impulsando.
La respuesta del Ministerio de Defensa
Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, fue quien pronunció la advertencia en la sede del gobierno. Justiniano sostuvo que Morales tiene todo el derecho a criticar al gobierno, pero que no puede imponer condiciones mediante bloqueos ni amenazas. «Nadie, por haber sido presidente o por la capacidad de movilizar, está por encima de la ley», enfatizó, recordando que existen órdenes de aprehensión vigentes contra el líder cocalero.
Exigencias de Morales y el decreto 5716
El ex presidente exige que el Ejecutivo derogue antes del 3 de octubre el decreto 5716, que puso fin a la subvención al diésel, y la norma que permite la reorganización o liquidación de empresas públicas. Si esas demandas no se cumplen, los sectores afines a Morales prometieron activar protestas bajo la consigna de que, si no es «de a buenas», será «de a malas».
Contexto de la crisis y los bloqueos de 2025
La tensión actual no surge de la nada. Entre el 6 de mayo y el 23 de junio de 2025, sindicatos y organizaciones campesinas mantuvieron bloqueos de carreteras durante 50 días, exigiendo mejoras salariales y la renuncia de Paz. Los enfrentamientos dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica, y generaron pérdidas económicas que superaron los 3.000 millones de dólares.
Paz, investido en noviembre de 2025 tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, heredó una economía marcada por la escasez de dólares y combustible, catalogada como la peor crisis boliviana en cuatro décadas. En diciembre de ese año retiró la subvención a los hidrocarburos, una medida que ahorró al Estado más de 2.000 millones de dólares anuales pero que encendió la protesta popular.
El proceso judicial contra Morales y la tensión política
El 29 de julio la Fiscalía ordenó la captura de Morales bajo cargos de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a los bloqueos de mayo y junio. A esto se suma una causa abierta desde 2024 por presunta trata agravada de personas y estupro, acusaciones que el ex mandatario niega y califica de persecución política.
Perspectivas y riesgos para la estabilidad
El 20 de junio, tras 53 días de protestas, Paz decretó un estado de excepción en todo el territorio para restablecer la libre circulación y el abastecimiento. El Congreso prorrogó esa medida el 17 de septiembre por 90 días más, mientras el gobierno negocia un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares. La combinación de una agenda de reformas estructurales, la presión judicial contra Morales y la amenaza de nuevas movilizaciones coloca a Bolivia en una encrucijada que podría redefinir la política del país en los próximos meses.
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