Durante la mañana del jueves, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la puesta en marcha de un juicio en ausencia contra los diez acusados por el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
La medida quedó efectivizada tras un pedido de la Unidad Fiscal AMIA, amparado bajo la reciente sanción de la ley que habilita la figura del juicio en ausencia, es decir, el juicio a personas que estén prófugas de la Justicia. Cabe destacar que la normativa establece que tales procesos judiciales solo podrán realizarse en casos por delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo.
Según el fallo, los acusados -funcionarios del gobierno de Irán y miembros del grupo terrorista Hezbollah- fueron plenamente informados de su situación procesal, y sin embargo nunca respondieron a los pedidos de extradición, por lo cual fueron declarados en estado de rebeldía.
El atentado, que dejó un saldo de 85 muertos, más de 150 heridos y un sinfín de daños materiales, habría sido planificado -de acuerdo a la investigación- por altos funcionarios iraníes y operativos de Hezbollah ubicados en el país y en la zona de la triple frontera.
Ante la negativa persistente de los imputados a someterse a juicio, Rafecas consideró pertinente avanzar hacia el juicio oral en ausencia, desestimando así las objeciones planteadas por la defensa oficial.
De esta forma, se busca dar una respuesta institucional a más de 30 años del ataque. Aún así, el fallo puede ser apelado ante la Cámara Federal.
