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Centros de datos: la nueva batalla política que divide a EE.UU.

Los centros de datos se convirtieron en el eje de una disputa electoral que pone en jaque a gobiernos, empresas y votantes.

Un fantasma tecnológico que acecha la agenda nacional

En julio de 2024 la Cámara de Representantes aprobó sin problemas la Ley de Protección del Consumidor, diseñada para limitar el impacto de los centros de datos en la factura eléctrica. Tres semanas después, el 31 de agosto, Donald Trump intervino en el debate sobre la medida, advirtiendo que los opositores que intentaran “matar la gallina de los huevos de oro” terminarían atrasados y pobres. La reacción de los republicanos y demócratas mostró que los centros de datos ya no son solo infraestructura, sino un tema candente que atraviesa la campaña de mitad de mandato.

De Texas a Pensilvania: trayectorias opuestas

En 2019 el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, firmó una ley bipartidista que ofrecía incentivos fiscales para atraer a los gigantes de la nube, equiparando los centros de datos a carreteras y escuelas. Un año después, el mismo gobernador cambió de postura, señalando que la presión sobre la electricidad y el agua podía superar los beneficios y suspendió los créditos fiscales. En Texas, Greg Abbott, quien se jactó de ser el “epicentro del desarrollo de la IA”, ordenó auditorías a todas las instalaciones que solicitaran energía, advirtiendo riesgos para la estabilidad de la red eléctrica del estado. En Pensilvania, Josh Shapiro, inicialmente entusiasta, endureció las normas y concedió a las comunidades locales mayor poder de veto, usando la discusión como arma política en su carrera a la gobernación.

El sentir de la ciudadanía y la guerra de los números

Las encuestas pintan un panorama de creciente rechazo. En marzo de 2024 la mayoría apoyaba la construcción de centros de datos; en agosto una encuesta de Gallup mostraba un 71 % de oposición y Annenberg registró un salto de 19 puntos en la opinión desfavorable entre febrero y junio‑julio. En Chicago, antes un polo de datos por su ubicación estratégica y energía barata, cientos de vecinos se congregaron en agosto para protestar contra un proyecto que, según los organizadores, ni siquiera era un centro de datos.

Los votantes no temen tanto a la inteligencia artificial como al consumo de energía, al aumento de la factura de agua y al tráfico que, según una encuesta de Fox News, motivan al 75 % la oposición local. Sólo el 11 % menciona la IA como causa principal.

Impacto real vs. percepción exagerada

Google asegura que en 2025 sus centros consumieron 10.900 millones de galones de agua, equivalentes al riego anual de 73 campos de golf del suroeste. Amazon reportó 2.500 millones de galones el año pasado, un 2 % menos que en 2024, mientras que el riego agrícola consumió 74 veces más agua que todos los centros de datos combinados. En cuanto a electricidad, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley calculó que los centros de datos representaron el 4,4 % del consumo nacional en 2023 y podrían alcanzar entre el 9,5 % y el 15,3 % para 2030. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica señaló que la expansión de la infraestructura redujo el precio promedio de la electricidad en un 6 % entre 2019 y 2024.

Manipulación externa y futuro incierto

Trump culpó a China de impulsar la oposición, mientras OpenAI reveló que una empresa china había difundido imágenes destinadas a desacreditar los centros de datos. X identificó una granja de bots chinos de 200 000 cuentas, pero la interacción con el público estadounidense resultó mínima. El verdadero motor de la resistencia sigue siendo el escepticismo hacia la IA y el temor a perder empleos.

Encuestas de Echelon Insights y la Universidad de Virginia indican que la opinión podría voltearse si se ofrecieran beneficios locales, como reducción de impuestos o pagos directos de unos diez mil dólares por residente, una suma que para un condado mediano equivaldría a 240 millones de dólares, cifra manejable para la industria. Mientras tanto, expertos de Brookings advierten que los gobernadores que ignoren el tema en 2024 lo enfrentarán de nuevo en 2028, cuando la reelección vuelva a estar en juego.

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