Una multitudinaria fiesta clandestina, realizada en Unquillo y con una asistencia de entre 300 y 1.500 personas (dependiendo de quién cuente la historia), volvió a encender el debate sobre los privilegios de ciertos miembros de la sociedad por sobre otros.
Esta discusión ya fue iniciada hace un tiempo con los cumpleaños celebrados por figuras políticas como Elisa Carrió o Fabiola Yáñez (con asistencia del mismísimo Alberto Fernández). Quienes transformaron el aislamiento y las restricciones en ley después no fueron capaces de dar el ejemplo.
Algo similar ocurre por fuera de la política, donde ciertas personas afiliadas a la farándula, el poder judicial y/o empresarial llevaron a cabo fiestas masivas sin mucha repercusión.
Bah, decimos «repercusión» como si no hubiera ocurrido nada, siendo que todos estos eventos resultaron -de una u otra forma- en una escalada importante de casos a mediados del año pasado.
Ahora este problema volvió a la primera plana de los diarios y al primetime televisivo luego de que se realizara una fiesta ilegal en una residencia de Unquillo.
Una estancia, ubicada a las afueras del pueblo, fue visitada por inspectores municipales tras varias denuncias de los vecinos. Al llegar se encontraron con una gran cantidad de personas, todas sin barbijo y sin ninguna especie de entendimiento de los conceptos más básicos de las medidas de bioseguridad que venimos aprendiendo desde hace ya dos años (se ve que quienes asisten a estas fiestas estuvieron viviendo debajo de una piedra).
Al intentar redactar las actas, los inspectores fueron tratados de mala gana, y se enteraron de que la quinta es propiedad del juez de Ejecución Penal de Villa María, Arturo Ferreyra. No es ni un conocido actor, ni un distinguido político, sino más bien un miembro del Poder Judicial, segmento de la sociedad cordobesa conocido por sus excesos e impunidad.
De investigaciones y sumarios
Tras conocerse los hechos la Fiscalía de Instrucción de Feria del Turno 4, a cargo de Jorgelina Gutiez, inició una investigación de oficio para establecer si existe o no una responsabilidad penal.
En su defensa, el magistrado remarcó que él no había ni participado ni organizado la fiesta, sino que se trató de su hijo.
Asimismo, explicó que el festejo era una juntada con amigos para despedir el año, y que el joven le había mandado un mensaje diciéndole que apenas iba a recibir unas 30 personas.
Independientemente de la veracidad del mensaje, el personal municipal se encontró con alrededor de 300 personas en el predio. Cabe destacar que la fiesta se llevó a cabo antes de que finalizara la prohibición de los eventos masivos en Córdoba (reglamentación que recién finalizó este martes 4 de enero).
Adicionalmente, las nuevas disposiciones sanitarias del Gobierno Provincial establecen que los eventos masivos eventuales (es decir aquellos que se organizan de forma espontánea y donde no se puede garantizar la implementación y/o el seguimiento de las medidas de bioseguridad) todavía siguen prohibidos.
Para colmo, cuando se suspendió la fiesta, había muchas personas en la tranquera de la estancia que expresaron su enojo, pues se había estado cobrando la entrada, algo que el hijo del juez habría desmentido en su mensaje al decir que se estaba haciendo una polla para comprar bebidas.
Poco después, el magistrado declaró que la fiesta se habría viralizado por redes sociales y que su hijo no sabía quiénes eran las personas que llegaron más tarde.
Esto implica lo siguiente: La casa del juez fue usurpada por otras personas y su hijo, quien tenía el cuidado de la casa a su cargo, no hizo nada -o más bien, no quiso hacer nada- para detenerlos.
En declaraciones a Telenoche, Ferreyra concluyó lo siguiente:
«Cuando el intendente me haga llegar la notificación de la multa, y bueno, habrá que pagarla y ajustarse a derecho. Hay que asumir las consecuencias.»
Arturo Ferreyra – Juez de Ejecución Penal de Villa María
El TSJ interviene
En tanto, la situación no fue bien recibida entre los pasillos de la Justicia, donde el Tribunal Supremo de Justicia anunció la apertura de un sumario administrativo contra el juez.
Según lo trascendido, en el sumario se haría invocando las sanciones previstas en el Artículo 205 del Código Penal, el cual establece una pena de entre 6 meses a 2 años de prisión para quienes violen «las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.».
