Corte Suprema de EE. UU. abre una ventana a la medida de Trump para limitar el voto por correo
La Corte Suprema concede una victoria provisional a Trump en su intento de limitar el voto por correo a meses de las elecciones.

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió este lunes una victoria provisional al presidente Donald Trump al suspender temporalmente una de las dos órdenes judiciales que bloqueaban su plan de restringir el voto por correo mediante el Servicio Postal. La decisión, adoptada por seis votos contra tres, se dio a escasos tres meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre.
El fallo y sus límites
Los magistrados conservadores votaron a favor de la suspensión, mientras que las tres juezas progresistas se opusieron. La Corte no resolvió si la Casa Blanca tiene autoridad constitucional para dictar normas sobre la administración de elecciones, una facultad que la Constitución reserva mayormente a los estados. En cambio, el alto tribunal determinó que la demanda interpuesta por California, otros 22 estados y el Distrito de Columbia se había presentado de forma prematura, antes de que las agencias federales definieran cómo aplicarían la orden ejecutiva de marzo.
En palabras de la opinión no firmada, “la resolución de esta solicitud no significa que cualquier medida que adopte el Gobierno para implementar la orden vaya a ser necesariamente legal”. La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, recordó que la decisión no aborda la legalidad de los intentos de Trump de interferir en la administración estatal de las elecciones de 2026, ni otorga al Ejecutivo autoridad para imponer directivas electorales.
Qué implica la orden ejecutiva de marzo
El mandato de marzo obliga al Departamento de Seguridad Nacional a crear listas estatales de ciudadanos habilitados para votar, que luego los estados deben remitir al Servicio Postal. Sobre esa base, la agencia postal exigiría sobres con códigos de barras y podría rechazar la entrega de boletas a quienes no aparecieran en esas listas. Trump justifica la medida como una defensa contra el fraude electoral, aunque nunca presentó pruebas de irregularidades sistemáticas en el voto por correo, método que él mismo utilizó en la elección especial de Florida.
Obstáculos operativos
Incluso si la Corte Suprema diera el visto bueno definitivo, la puesta en marcha del plan resulta complicada. El Servicio Postal, con recursos limitados, tendría apenas semanas para adaptar su operativa antes de que varios estados empiecen a enviar las boletas. Además, una segunda orden judicial emitida el 11 de agosto por la jueza federal Indira Talwani en Boston sigue prohibiendo que el Servicio Postal aplique los nuevos procedimientos. Esa medida, presentada por la Liga de Mujeres Votantes y la ACLU, no fue afectada por la decisión de este lunes.
El trasfondo del litigio
El conflicto se remonta a junio, cuando la jueza Talwani bloqueó los aspectos centrales de la orden en una demanda impulsada por 23 estados, argumentando que la Casa Blanca carece de autoridad para dictar reglas electorales que corresponden a los gobiernos estatales. En agosto, la jueza reiteró su postura al señalar que faltaban menos de 90 días para las elecciones y que era indispensable una medida cautelar para impedir cambios de última hora.
El Gobierno sostuvo ante la Corte que los tribunales inferiores habían actuado de forma anticipada, pues las agencias federales aún no habían determinado cómo, o siquiera si, aplicarían la orden en la práctica. El caso, registrado como Trump v. California, volverá a los tribunales de Boston en los próximos días, cuando la jueza Talwani deba pronunciarse sobre las regulaciones postales definitivas que la agencia tiene previsto publicar.
Implicancias políticas
La disputa forma parte de una ofensiva más amplia de Trump para remodelar el sistema electoral estadounidense, que incluye su respaldo al paquete legislativo conocido como SAVE America Act, actualmente en trámite en un Congreso de mayoría republicana. Expertos en derecho electoral coinciden en que, aun con luz verde judicial, la implementación completa del plan antes de noviembre es poco probable.
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