La jueza María Eugenia Bona declaró como inconstitucional a la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en la Provincia de San Luis.
La medida fue tomada tras la presentación hecha por la ex senadora Liliana Negre de Alonso contra el Gobierno Provincial. Este es otro episodio que demuestra las dificultades que tiene la ley para poder aplicarse en todo el país, incluso a casi tres meses de su sanción.
En su presentación, De Alonso menciona que existe una «contradicción» entre los artículos 2 y 4 de la ley y el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La «contradicción» a la que hace referencia la ex senadora se basa en que los artículos de la Ley 27.610 desconocen al Código Civil y Comercial, el cual declara que «la existencia de la persona humana comienza con la concepción».
De Alonso reclamó al Gobierno de San Luis que prohíba la práctica de abortos, salvo en casos de violaciones o si la concepción supone un riesgo de vida.
Aún así, la Fiscalía de Estado aseguró que si bien la jueza está en total competencia para analizar las «contradicciones» alegadas por De Alonso, también aseveró la ley de la IVE es una norma de orden público, por lo que debe aplicarse de forma obligatoria en todo el país.
