La Policía de Córdoba volvió a verse (una vez más) envuelta en la polémica, esta vez hasta con un pedido de renuncia.
Esta vez, la polémica surgió tras una nota de La Voz del Interior, donde un agente de la fuerza policial denunció que era obligado a detener de forma arbitraria a personas para mantener cierto nivel estadístico de las detenciones en Córdoba y demostrar, por medio de estas estadísticas «infladas», la supuesta eficacia de la Policía.
«(…) Lo que se buscaba era la mayor cantidad de aprehensiones -con y sin causa- para con ello conformar «el colchón» con el objetivo de primera instancia de aumentar las estadísticas y en segundo plano demostrar la efectividad de la autoridad policial en las calles de Córdoba.»
Denuncia contra oficiales de la Policía de Córdoba
El uniformado, de varios años de antigüedad en el Comando de Acción Preventiva (CAP), presentó una denuncia en una fiscalía penal de la capital cordobesa, señalando a varios oficiales de alto rango.
Entre ellos se encuentran sus jefes inmediatos, un subcomisario y un oficial principal; un comisario, y otro oficial más que forma parte del Tribunal de Conducta Policial.
El denunciante había hecho presentaciones previas ante el Tribunal, aunque los dos últimos oficiales mencionados anteriormente habían intentado disuadirlo de continuar con sus denuncias. Ante esto, decidió llevar el asunto hasta la Justicia.
Un problema de larga data
El problema de las detenciones arbitrarias ya venía ocurriendo desde hace varios años, por lo que un hecho como este en realidad no es una gran noticia. Lo que sí se sale un poco de lo usual es que se haya hecho una denuncia formal al respecto.
Aparte del partido Belgrano-Talleres, Córdoba cuenta con otro superclásico, la violencia institucional. Y en el caso de la Policía de Córdoba, este es un problema que tiene su historia.
En su denuncia, el uniformado menciona que tanto él como otros policías de su distrito eran obligados a mantener un determinado número de detenciones diarias. Para ello, se hacía un uso incorrecto del Código de Convivencia (Anteriormente conocido como Código de Faltas), estableciendo una serie de criterios de carácter discriminatorio y estigmatizante para detener a personas en la vía pública.
Por medio de este mecanismo se procedía a detener a lo que en la jerga policial se denominan como saros, un término utilizado para referirse a personas provenientes de barrios marginales. Lo que para un uniformado constituye la detención de un saro, para el ciudadano común es portación de rostro.
En su denuncia, el policía remarcó que el «perfil» consistía en personas «mal vestidas» y/o que estuvieran circulando sin ningún tipo de justificación, ya fuera en auto, a pie o (especialmente) en moto.
Cabe destacar, también, que aquellos uniformados que no cumplieran con esta «cuota» de detenciones diarias eran sancionados con recargos de hora, ya fuera cumpliendo tareas por fuera de los horarios establecidos o realizando adicionales de baja retribución.
Se complica la trama
La presentación judicial fue hecha por el uniformado en conjunto con el abogado Carlos Nayi, y ya se encuentra en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 4.
Aún así, se suma el problema del fiscal, Rubén Caro, quien decidió apartarse por simple motivo de la presencia de Nayi en la causa. Ante esto, la Fiscalía General debe designar un fiscal nuevo para que interceda.
Procedimientos «for export» y un problema olvidado
En una columna para El Resaltador, el periodista Cristian Domínguez recordó que en el 2004 el Gobierno Provincial había firmado un convenio con el Manhattan Institute for Policy Research (Instituto de Investigación de Políticas de Manhattan), una especie de think tank conservador que promueve políticas de portación de rostro en los cuerpos policiales.
Según lo detallado en la nota, este plan de seguridad ciudadana se caracteriza por promover la estigmatización de personas y su subsecuente retirada forzada hacia zonas marginales de las ciudades para evitar que estas ingresen o circulen por zonas de mayor estatus social más susceptibles al desarrollo económico.
Asimismo, también se encuentra una crónica de Página/12 escrita por el periodista Camilo Ratti, donde se advertía al respecto de las implicancias del desembarco de esta organización en Córdoba.
En un artículo para la revista Alfilo (dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC), la magister Daniela Spósito (Quien a su vez conformó el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad) hizo un recuento sobre la llegada del Instituto a Córdoba y todas las situaciones que se desataron desde aquel convenio suscrito en el 2004.
Dentro del mismo, Spósito remarcó que en 1999 el entonces ministro de Justicia de la Provincia, Carlos Lascano, había recibido una copia de Arreglando las Ventanas Rotas – Restaurando el Orden en las Ciudades, uno de los manuales del Manhattan Institute, el cual explica los fundamentos de la política de «tolerancia cero».
La doctrina del Instituto expresa que el Estado (en cualquiera de sus expresiones) debe prevenir aquellas conductas que puedan suponer riesgo alguno para el desarrollo económico de las ciudades, entendiendo a las mismas como los cortes de calle (por protestas, no por obras), la mendicidad, actos de vandalismo como rotura de ventanas, grafittis, etcétera.
Spósito también recordó las desafortunadas declaraciones del representante del Instituto para Latinoamérica, Carlos Medina, quien expresó lo siguiente durante una nota con Radio Universidad:
«Los chicos limpiavidrios y las prostitutas forman parte del terrorismo urbano que debilita el estado de derecho.»
Carlos Medina – Representante para Latinoamérica del Manhattan Institute
Cabe destacar que tras sus declaraciones, el Colegio de Abogados de Córdoba había solicitado una investigación por parte del INADI, pero la situación no fue más allá del simple repudio.
La mirada recae otra vez en la cúpula policial
Esta nueva polémica no tardó casi nada en hacerse sentir en los pasillos de la Jefatura de Policía. Tras la nota del periodista Juan Federico, la Policía de Córdoba emitió un comunicado en donde se negaron los hechos.
La comisaria mayor María Angélica Paredes negó que la fuerza policial llevara a cabo algún tipo de procedimiento ilegal para inflar las estadísticas:
«Desde que estoy a cargo de esta área, todas las denuncias se investigan. Institucionalmente no hay ninguna orden de esta naturaleza, a eso no lo puedo garantizar (…)
Somos una policía de la democracia. Siempre se han investigado las denuncias internas sin represalias de ningún tipo.»
María Angélica Paredes – Directora de la Dirección General de Control de Conducta Policial
En tanto, tras hacerse eco de la situación, la oposición ya empezó a trabajar sobre el tema (aprovechando no sólo la envergadura de la polémica sino que también la proximidad con las elecciones). El legislador Dante Rossi (UCR) pidió la renuncia de Liliana Rita Zárate Belletti, jefa de Policía.
En su petitorio, el legislador remarcó que la funcionaria policial formó parte del proceso de formación de los cuadros policiales durante varios años.
También arremetió contra el Gobierno Provincial, al considerar que el mismo fracasó en su combate contra la inseguridad, aunque este último planteo era de esperarse, no sólo teniendo en cuenta su lugar como opositor, sino que también el contexto electoral.
