19 personas fueron detenidas durante la mañana del jueves tras ser señaladas como integrantes de una banda que realizaba estafas por la vía telefónica a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Las detenciones se produjeron luego de llevarse a cabo 44 allanamientos a pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, en el marco de una investigación que duró unos seis meses.

En esta investigación, se recopilaron hasta 70 hechos delictivos, y se analizaron unas 6.000 llamadas telefónicas realizadas por la organización.

¿Cómo operaba esta banda?

Según lo informado por fuentes judiciales a la Agencia Télam, dentro de la banda operaban unas nueve personas -todas residentes de la Cárcel de Bouwer- quienes realizaban llamados extorsivos a los beneficiarios. Por su parte, otros diez cómplices se encargaban de la logística detrás del cobro.

En las llamadas, los delincuentes se hacían pasar por personal del ANSES y empresas multinacionales. Luego, dirigían a sus víctimas a un cajero automático, donde le solicitaban el cambio de sus credenciales, y que se las comunicaran. Una vez hecho esto, procedían a vaciar las cuentas bancarias de las victimas.

Según la justicia, el valor promedio de la estafa era cercano a los 50.000 pesos. De acuerdo a esto, la recaudación obtenida por la banda ascendía a los 18 millones de pesos.

Se estima que la asociación ilícita se formó a poco tiempo de dictarse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y empezó a operar a partir del 26 de marzo.

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Estafas a lo largo y ancho del país

La investigación inició tras la denuncia de unos 70 damnificados, todos de la zona norte del Conurbano Bonaerense, particularmente de las localidades de San Isidro, San Fernando, Pilar y Tigre.

Sobre el caso, el fiscal comentó lo siguiente:

«Si bien la investigación se centró en los casos ocurridos en la zona norte del conurbano bonaerense, la banda operaba a lo largo y ancho del país»

Patricio Ferrari – fiscal general adjunto de San Isidro

Una vez constatadas las denuncias, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, puso a su adjunto a cargo de la investigación.

Seis meses después (de los cuales cuatro fueron dedicados al cruce de llamados e información) el juez de Garantías 7 de Pilar, Walter Seattone, avaló el pedido de Ferrari para llevar a cabo los allanamientos en Bouwer y los domicilios particulares del resto de los acusados.

Aparte de los 19 detenidos, la Justicia está analizando la participación de otros 30 supuestos colaboradores, quienes prestaban sus nombres para realizar las transferencias bancarias.

Según lo dicho por las fuentes judiciales, se inmovilizó las cuentas bancarias y se secuestraron los celulares de los acusados. Luego, se los imputó bajo la carátula de “Asociación ilícita y estafas reiteradas“.