Durante la jornada del jueves, el fiscal Ernesto de Aragón imputó a un total de 6 personas que participaron de la manifestación de la Unidad Piquetera en el centro.
Esta imputación llega luego de que el pasado lunes se hiciera efectivo un hábeas corpus del Centro Vecinal de Barrio Centro contra las movilizaciones. La polémica medida fue tomada por el juez Juan Manuel Fernández López, quien dispuso que se arbitraran los medios necesarios (es decir, dar libre paso a la Policía de Córdoba) para desalojar las calles y permitir así la libre circulación de vehículos y toda persona que no se esté manifestando.
Asimismo, la normativa establece -de acuerdo al Artículo 194 del Código Penal- una pena de prisión de 3 meses a 2 años para quienes lleven a cabo manifestaciones en el centro.
Volviendo al caso, el fiscal calificó de «deliberada» la decisión de las organizaciones sociales de bloquear el acceso a las calles donde realizaron la protesta. En ese sentido, el funcionario judicial remarcó que «se labraron las actuaciones, porque se entiende que se cometieron ilícitos penales».
