EE.UU. amplía cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores: tortura, narcotráfico y armas

El gran jurado de Nueva York formaliza la acusación

Un gran jurado federal de Nueva York presentó el jueves una acusación reformulada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El documento, ingresado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur, incorpora a los cargos de narcoterrorismo la conspiración para cometer tortura, alegando que entre 1999 y 2025 el régimen mantuvo un sistema de represión para perpetuarse en el poder.

Los cargos y la evidencia presentada

Según el expediente, Maduro habría dirigido directamente la maquinaria represiva: ordenaba detenciones, recibía informes sobre el estado de los prisioneros y, en ocasiones, sugería métodos de tortura. En un caso descrito, el mandatario hizo una señal simulando apretar algo y ordenó “apriétenlos más fuerte” cuando un detenido se negaba a hablar.

Flores es señalada como la arquitecta del sistema, responsable de diseñar la estrategia de represión y de ordenar torturas para proteger actividades ilícitas de su familia. El texto también nombra a tres funcionarios venezolanos, identificados como CC‑1, CC‑2 y CC‑3, que habrían ejecutado o coordinado los tormentos y desarrollado métodos de tortura presentados a Maduro para su aprobación.

Casos documentados de tortura

Entre los testimonios, destaca el de un oficial militar secuestrado en noviembre de 2013 por orden de Maduro. Fue sometido a veinte descargas eléctricas, golpes, suspensión de manos y pies, y a simulacros de ahogamiento. Luego fue trasladado a un campamento controlado por las FARC en territorio colombiano, donde los interrogadores le mostraron ropa interior femenina alegando que pertenecía a su hija y amenazaron con secuestrarla.

Otro caso involucra a una mujer detenida en enero de 2018. El alto funcionario CC‑1 amenazó con matar a su hijo pequeño si no revelaba el paradero de un disidente buscado por el régimen, describiendo el color de cabello del niño para demostrar que conocía su identidad. Durante el interrogatorio le aplicaron descargas eléctricas en genitales, pies y costados mientras CC‑1 observaba desde su teléfono.

Víctimas estadounidenses

La acusación también incluye a ciudadanos de EE.UU. detenidos en Venezuela. Un estadounidense ingresó al país en enero de 2022 y fue llevado a la prisión de Boleíta Norte, donde recibió descargas eléctricas, asfixia, golpes y una inyección que provocó convulsiones. El funcionario CC‑3 presenció una de las sesiones de electrochoque, se burló de la víctima y dirigió a otros agentes.

Otro ciudadano estadounidense, detenido en enero de 2025, sufrió golpes en la cara, cabeza y abdomen cada media hora durante dos días, lo que le dejó una lesión ocular permanente. Al ser liberado en enero de 2026, CC‑3 advirtió que no debían hablar del maltrato sufrido.

El vínculo con el narcotráfico y el “Cártel de los Soles”

La nueva acusación retoma los cargos de narcoterrorismo y los amplía con detalles sobre el llamado “Cártel de los Soles”. Desde 2006, Maduro y Flores habrían usado a sus escoltas de seguridad para supervisar el transporte regular de entre 1.000 y 2.000 kilogramos de cocaína, bajo la cobertura de la Guardia Nacional Bolivariana. El esquema habría conectado al gobierno venezolano con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas (posteriormente el Cártel del Noreste) y el grupo armado Tren de Aragua.

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores se reunieron con la cúpula de las FARC para saldar una deuda de narcotráfico. Como parte del pago, Maduro habría vendido minas antipersonales y otras armas al grupo guerrillero, incrementando su capacidad bélica contra Colombia. PDVSA también habría sido utilizada para financiar a estos grupos y para mover drogas, con el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, empleando aviones de la empresa para transportar estupefacientes bajo protección de la GNB en la isla Margarita.

Los cargos formales y la solicitud de decomiso

El gran jurado formula cinco cargos contra ambos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer esas armas. Los cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína se sustentan en el Título 21 del Código de EE.UU., mientras que la conspiración para tortura se basa en el Título 18, secciones 2340 y 2340A.

Como consecuencia, el Estado solicitó el decomiso de todos los bienes de los acusados, directos e indirectos, obtenidos como producto de los crímenes, así como cualquier propiedad utilizada para facilitar los delitos. El documento lleva la firma del fiscal federal James M. McDonald.

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