EE.UU. amplía sanciones contra Cuba: bloquean al Ministerio de Construcción y nueve entidades

El jueves el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos impusieron sanciones a nueve entidades estatales cubanas y a tres altos cargos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva ronda de designaciones contra la isla.

El Ministerio de la Construcción y otras empresas bajo la mira

Entre los nombres que aparecen en la lista de Nacionales Especialmente Designados se encuentra el Ministerio de la Construcción (MICONS), organismo creado en 1963 dentro de la administración central del Estado cubano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incorporó a la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, ubicada en Moa (Holguín), a la comercializadora de metales MetalCuba, a Acinox Comercial, al Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), a la agencia de contratación de mano de obra Acorec, a Transimport, especializada en equipos de transporte pesado, y a Consumimport y Coratur, ambas vinculadas al Grupo Empresarial del Comercio Exterior.

Los altos cargos del ICAP sancionados

Los individuos señalados son el presidente del ICAP, Fernando González Llort, la primera vicepresidenta Noemí Ramona Rabaza Fernández y la directora para América del Norte, Leima Martínez Freire. El instituto, fundado en 1960, ya había sido incluido en la lista el 4 de junio. González Llort, que integró la Red Avispa desmantelada por el FBI en 1998, cumplió condena en EE.UU. hasta 2014.

Marco legal y plazo para regularizar operaciones

Las designaciones se adoptaron bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo 2026, que autoriza castigar a quienes Washington considera responsables de represión o amenazas a su seguridad nacional. La medida bloquea todos los bienes de los sancionados que estén en territorio estadounidense o bajo control de personas de ese país y extiende el bloqueo a cualquier sociedad en la que un sancionado posea el 50 % o más de las acciones.

El Tesoro aclaró que no persiguió a personas o entidades extranjeras que realicen operaciones necesarias para liquidar sus negocios con el MICONS o con sociedades participadas en al menos el 50 %, siempre que esas operaciones concluyan antes del 19 de septiembre 2026. Quienes no cumplan el plazo deberán contactar la línea de cumplimiento de la OFAC; devolver activos o trasladarlos a otra jurisdicción sin autorización puede acarrear nuevas sanciones.

Impacto económico y contexto de la presión

La inclusión del MICONS y de las empresas del sector del níquel golpea a dos de las escasas fuentes de divisas que aún quedan a Cuba. La producción de la mina de Moa, operada por la canadiense Sherritt International en sociedad con el Estado cubano, cayó a 25 240 toneladas en 2025, frente a 30 331 del año anterior, según la propia compañía, que atribuye la caída a los frecuentes apagones y a la falta de insumos.

Estas sanciones se suman a una serie iniciada el 7 de mayo con el conglomerado militar GAESA, seguida el 4 de junio por la designación de Miguel Díaz‑Canel y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 6 de agosto con trece objetivos vinculados a compras de armamento. El bloqueo petrolero impuesto tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela agravó la crisis energética cubana.

El calendario fijado por el Tesoro convierte el 19 de septiembre en una fecha decisiva para los proveedores europeos, canadienses y asiáticos que aún mantienen contratos de obra pública en la isla. La eventual retirada de esos socios dejaría al sector constructivo cubano, ya paralizado por la escasez de cemento y combustible, más expuesto a la única alternativa que hoy sostiene la industria minera del país: el capital chino.

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