EE.UU. endurece sus alertas a inversionistas: Nicaragua se vuelve un terreno más riesgoso para el capital extranjero
El nuevo informe de Washington advierte sobre el control político, la presión fiscal y el favoritismo a China en la economía nicaragüense.
Washington volvió a sonar fuerte este martes cuando el Departamento de Estado publicó el informe 2026 Investment Climate Statements: Nicaragua. El documento, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, insta a los inversionistas extranjeros a actuar con extrema cautela y advierte que el país ya no ofrece un Estado de derecho ni un ambiente empresarial predecible.
El riesgo político se coloca en el centro de la advertencia
Según la evaluación, las decisiones económicas más relevantes pasan ahora por la oficina del presidente, y la relación personal con funcionarios del régimen se ha convertido en una condición indispensable para cualquier proyecto. Las auditorías fiscales se multiplican, las multas aparecen de forma arbitraria y las obligaciones tributarias se inflan sin justificación, creando una inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores.
Una nueva Ley de Inversión Extranjera que fortalece el control estatal
En febrero de 2025 entró en vigor la Ley de Inversión Extranjera, que dio origen a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE). Desde entonces, los capitales externos deben registrarse y presentar informes trimestrales, una medida que, según Washington, amplía la vigilancia del Estado sobre cada movimiento de dinero. El economista opositor Juan Sebastián Chamorro señala que este requisito se suma a un esquema de control político que ya estaba presente.
Preferencias a empresas chinas y la sombra del Tratado de Libre Comercio
El informe destaca que, tras la firma del tratado de libre comercio con China en enero de 2024, el gobierno nicaragüense ha dado trato preferencial a compañías de Pekín. Las instituciones públicas reciben instrucciones de priorizar proveedores chinos en compras de tecnología y comunicaciones, y las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta otorgan exenciones del 100 % del impuesto a la renta y del IVA por diez años. Chamorro advierte que esta diferencia de condiciones crea una brecha competitiva que desfavorece a empresas estadounidenses y locales.
Confiscaciones, expropiaciones y el papel de la Procuraduría General de Justicia
Entre 2020 y abril de 2026, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo transfirió al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social más de ciento diez propiedades confiscadas a opositores. Muchas de esas tierras fueron entregadas a alcaldías y a otras entidades estatales. El informe de EE.UU. subraya que la Procuraduría actúa como fachada legal para estas expropiaciones, lo que debilita aún más la garantía de los derechos de propiedad.
Impacto en la economía y el mercado laboral
A pesar de los indicadores macroeconómicos relativamente positivos, la dependencia de Nicaragua de las remesas sigue siendo alta: se estiman alrededor de 6.300 millones de dólares en 2025, equivalentes al 30 % del PIB. El desempleo oficial se ubicó en 2,4 % a fines de 2025, pero el subempleo afecta al 40 % de la población, y solo el 24 % de la fuerza laboral está afiliada al INSS. Las zonas francas siguen siendo la excepción más relajada, con más de 100.000 puestos de trabajo, aunque el gobierno ha endurecido recientemente los beneficios fiscales que disfrutaban.
Posibles repercusiones comerciales de EE.UU.
Chamorro vincula el informe con la investigación que lleva adelante la Oficina del Representante Comercial bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. La documentación sobre confiscaciones y trato discriminatorio a empresas podría desencadenar medidas como aranceles más altos o sanciones contra instituciones que favorezcan a proveedores chinos. Por ahora, esas son posibilidades, no decisiones anunciadas.
En suma, el diagnóstico de Washington pinta a Nicaragua como un escenario de alta concentración del poder político, presión fiscal desmesurada y una creciente dependencia del capital chino, factores que, según el Departamento de Estado, hacen que el país sea “extremadamente riesgoso” para cualquier inversor extranjero.
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