El Desafío de las Falsas Amenazas en Escuelas de Córdoba: Entre el Recupero de Costos y la Búsqueda de Soluciones

La provincia de Córdoba se enfrenta a un desafío sin precedentes: el aumento de las falsas amenazas de ataques en escuelas, que no solo generan pánico y evacuaciones, sino que también representan un costo económico significativo para el Estado. En respuesta a esta problemática, el Gobierno de Córdoba ha implementado un protocolo para recuperar los costos de los operativos desplegados ante estas falsas amenazas, pero la efectividad de esta medida como herramienta preventiva es objeto de debate.

Según el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ya hay 26 notificaciones en curso, todas superando el millón de pesos, y al menos cinco casos con los costos ya cerrados. Los montos varían según la magnitud del operativo, con algunos casos ascendiendo a $3,3 millones, $6,4 millones y $8,7 millones, mientras que otros superan los $10 millones. El operativo más costoso hasta el momento alcanzó los $16.372.336.

La implementación de este esquema ha abierto un debate sobre su efectividad como herramienta preventiva. La psicopedagoga y especialista en neuroeducación y bullying, Mariana Savid Saravia, advierte que el enfoque punitivo llega tarde frente a un problema más profundo. «Cada amenaza moviliza recursos y genera miedo, pero ponerle un precio no va a impedir que el próximo adolescente escriba ‘mañana tiroteo’ en una pared», señaló.

Desde su perspectiva, estas conductas no surgen de manera aislada, sino que responden a procesos previos que no logran ser detectados a tiempo. «La multa llega después: después de la pintada, del pánico y de la evacuación. Es un parche sobre un problema que empezó mucho antes», explicó. Además, planteó que el impacto económico puede agravar situaciones de vulnerabilidad sin generar un cambio de conducta en los adolescentes.

La psicóloga y docente, Julieta, coincidió en que las multas difícilmente resulten disuasivas para los jóvenes. «Tienen un carácter punitivo que castiga a los padres, pero no necesariamente modifica la conducta adolescente», indicó. También advirtió que muchas familias no podrán afrontar esos montos, lo que podría profundizar su vulnerabilidad.

En este contexto, el Gobierno provincial avanza con la implementación del protocolo y el envío de las primeras notificaciones. Sin embargo, la discusión queda abierta: ¿hasta qué punto el recupero de esos gastos puede funcionar como un freno, y qué otras estrategias son necesarias para abordar un fenómeno que excede lo estrictamente penal?

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