El Gobierno aprueba dos decretos que frenan los desahucios y obligan a renovar automáticamente los alquileres
Dos decretos buscan proteger a inquilinos y frenar la especulación inmobiliaria, pero generan fricción con Junts.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos-ley que modifican el marco de la vivienda en España. Uno de ellos introduce la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida exigida por los sindicatos de inquilinas desde el viernes. El otro concentra el resto de los pactos alcanzados entre el PSOE y Sumar, entre los que destacan la prohibición de compras de fondos buitre hasta 2028 y la suspensión de los desahucios hasta 2030.
Renovación automática: la exigencia que llegó al Gobierno
Tras largas horas de negociación entre el Ejecutivo y la coalición de izquierdas, la normativa de renovación automática quedó sellada en el texto aprobado. Según fuentes cercanas a la información, la medida obliga a que, al vencimiento del contrato, el arrendador deba ofrecer una prórroga bajo las mismas condiciones, salvo que el inquilino manifieste lo contrario con al menos dos meses de antelación. Los sindicatos de inquilinas habían puesto la presión en la agenda del Gobierno, argumentando que la medida protege a millones de familias que temen perder su hogar por aumentos repentinos.
Prohibición de compras de fondos buitre y de desahucios
El segundo decreto recoge la decisión de impedir la adquisición de activos inmobiliarios por parte de fondos buitre hasta 2028. La medida busca frenar la especulación y evitar que estos fondos compren viviendas para revalorizarlas a costa de los arrendatarios. Además, se estableció la prohibición total de desahucios hasta 2030, una respuesta directa a la ola de desalojos que se registró en los últimos años y que movilizó a organizaciones sociales y a la ciudadanía.
La reacción de Junts y el juego parlamentario
Horas antes de la publicación del acuerdo, Miriam Nogueras, líder de Junts, manifestó que su formación no comparte la última exigencia de Sumar: la renovación automática. Según la bancada nacionalista, esa cláusula pone en riesgo a los pequeños propietarios, que podrían verse obligados a mantener inquilinos que no cumplen con sus obligaciones. La estrategia de dividir la reforma en dos decretos buscó, según fuentes del gobierno, ganar el voto de Junts al dejar fuera la medida más controvertida del paquete más amplio.
El voto de Junts será decisivo en el Congreso, pues sin su aval el Gobierno tendría que buscar apoyos adicionales para aprobar la reforma completa. La polémica ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios, un tema que sigue generando tensiones en la política española.
En los últimos meses, el Gobierno había intentado avanzar en la reforma del alquiler con la esperanza de estabilizar el mercado y reducir la presión sobre los inquilinos. Los nuevos decretos, aunque polémicos, marcan un hito en la política de vivienda y podrían sentar precedentes para futuras legislaciones en Europa.
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