El Gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste en Discapacidad con un aumento del 2,6% en el nomenclador

El Gobierno de Javier Milei ha decidido profundizar el ajuste en el área de Discapacidad, a pesar de no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Resolución 517/2026, publicada en el Boletín Oficial, actualiza los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, lo que impacta sobre los valores oficiales que perciben transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, instituciones educativas, servicios de rehabilitación y distintos profesionales que trabajan dentro del sistema.

La actualización del 2,6% para mayo va en línea con la inflación registrada por el Indec en abril. Sin embargo, la decisión del gobierno libertario de eliminar el nomenclador nacional, que fija los valores de referencia que deben abonar obras sociales, empresas de medicina prepaga, organismos estatales y otros financiadores del sistema por cada prestación vinculada a discapacidad, ha generado preocupación entre prestadores y familias vinculadas al sector.

La eliminación del nomenclador nacional podría dejar a los pacientes a merced de los prestadores de salud, que podrían definir los montos que pagan por cada servicio. Esto ha generado reiterados reclamos de prestadores y familias vinculadas al sector, que advierten sobre el atraso de los aranceles frente al aumento de costos operativos, salarios y transporte.

La Resolución 517/2026 también ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en provincias patagónicas, un plus que ya se encontraba vigente en el nomenclador nacional. Sin embargo, la decisión del gobierno de profundizar el ajuste en Discapacidad ha generado críticas y preocupación entre los sectores afectados.

El ajuste en Discapacidad es parte de las medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que busca reducir el gasto público y equilibrar las finanzas del país. Sin embargo, la decisión de no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y de eliminar el nomenclador nacional ha generado debate y críticas sobre la efectividad y la justicia de estas medidas.

En este contexto, es importante destacar que la Discapacidad es un tema que requiere atención y apoyo especializado. La eliminación del nomenclador nacional y el ajuste en el sistema de prestaciones podrían tener consecuencias negativas para las personas con discapacidad y sus familias. Es fundamental que el gobierno considere las necesidades y los derechos de estas personas al tomar decisiones sobre el sistema de Discapacidad.

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