El Programa para la Paz insta a Delcy Rodríguez a levantar los bloqueos digitales a los medios en Venezuela

El miércoles por la noche el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática emitió una recomendación directa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que elimine los bloqueos a dominios de medios de comunicación y adopte medidas que garanticen una mayor libertad de expresión. La medida surgió tras un proceso de consultas con representantes de medios nacionales, públicos, privados, alternativos y de la esfera de los influenciadores.

Consultas que buscaron abrir el espacio informativo

Según el comunicado difundido por Oliver Blanco, viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, las consultas tuvieron como objetivo crear un entorno de «mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo». Entre los 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades que presentaron un manifiesto, la principal demanda fue el levantamiento de los bloqueos digitales que impiden el acceso a cientos de sitios web, incluido el de Infobae.

Recomendaciones concretas al gobierno

El programa propone, entre otras cosas, la eliminación de las restricciones contra dominios de medios y la promoción de la libre expresión dentro de un marco de respeto y responsabilidad. Asimismo, se sugiere una revisión de la actuación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que garantice un marco institucional que proteja el derecho a la información.

Historia de censura que se remonta a 2014

El caso de Infobae, que lleva bloqueado desde el 10 de octubre de 2014, es el ejemplo más visible. En aquel entonces el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total del sitio tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. La medida fue justificada bajo el argumento de «mancillar el honor» del parlamentario y su familia, y el entonces presidente de Conatel, William Castillo, acusó al medio de «graves violaciones a las leyes venezolanas» y de fomentar una «guerra psicológica».

Valeria Cavallo, directora de Infobae, rechazó la censura y señaló que ningún gobierno tiene derecho a decidir qué fotos pueden publicarse. La reacción fue respaldada por agencias internacionales como Reuters, que calificaron la acción como una violación a la libertad de prensa.

Un patrón que se extiende más allá de un solo medio

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y con mayor intensidad bajo Maduro, la censura digital ha alcanzado a cientos de sitios. Según datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre 2019 y 2020 se registraron más de 500 casos de violaciones a la libertad de expresión, con al menos 200 medios afectados por bloqueos, cierres o censura directa. La restricción no se limitó a la web: televisoras extranjeras fueron vetadas, programas de opinión retirados y emisoras de radio cerradas. El periodista Ángel Ramón Oliveros describió el vacío en el dial como «notorio», subrayando el impacto en la población que depende de la radio para informarse.

Organizaciones como Espacio Público documentaron el cierre de más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras entre 2017 y 2019. El escenario se agravó después de las elecciones presidenciales de julio 2024 y la toma de posesión de Maduro en enero 2025, con un aumento de denuncias sobre represión, censura y autocensura.

¿Qué implica la recomendación para el futuro?

Si la propuesta del Programa para la Paz se traduce en acciones concretas, se abriría una brecha importante para la información independiente y se podría reducir la sensación de aislamiento que muchos venezolanos experimentan al no poder acceder a fuentes internacionales. La medida también enviaría una señal a la comunidad internacional de que el gobierno está dispuesto a dialogar sobre derechos digitales, un paso que, aunque simbólico, podría influir en futuras negociaciones y sanciones.

En cualquier caso, la presión de periodistas, ONG y la sociedad civil sigue en aumento, y la recomendación del programa constituye una pieza más en el complejo rompecabezas de la lucha por la libertad de expresión en Venezuela.

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