Emergencia en Discapacidad: Miles se Movilizan en Córdoba y Todo el País por Derechos Fundamentales
La comunidad se une para exigir cambios y proteger los derechos de las personas con discapacidad
En el corazón de la ciudad de Córdoba, un grito de auxilio se eleva hacia el cielo. La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), junto a familias y profesionales del sector, se preparan para una movilización masiva el 24 de junio en la emblemática Plaza San Martín. Esta convocatoria forma parte del «Banderazo Federal» que busca visibilizar la emergencia en discapacidad que atraviesa el país.
La situación es crítica. La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada hace casi un año, se encuentra en peligro de expirar a finales de este año sin haberse cumplido. Patricia Giussani, miembro de la ATI, denuncia el incumplimiento de esta ley y el agravamiento de la situación de las personas con discapacidad y sus familias. La cadena de pagos de programas como Incluir Salud y PAMI se encuentra rota, con deudas que se remontan a octubre del año pasado, lo que impide cubrir los costos operativos básicos de los centros de día y precariza el empleo de los profesionales especializados.
El Reclamo en Córdoba y el País
La movilización en Córdoba no es un hecho aislado. En diferentes puntos del país, como el Congreso de la Nación en CABA, La Plata y Río Cuarto, se replicarán marchas con el mismo objetivo: exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y revertir el colapso del sistema de prestaciones básicas. La quita de pasajes gratuitos en transporte y el corte en las cadenas de pagos estatales han sumido a las personas con discapacidad y sus familias en una situación de incertidumbre y desprotección.
La concentración en la Plaza San Martín busca visibilizar la pérdida de derechos fundamentales del colectivo ante las decisiones administrativas tomadas a nivel nacional. Además de la movilización, se llevará a cabo una campaña digital con el hashtag #PoneteLaCamisetaDisca, intervenciones de micrófono abierto para los damnificados y la lectura de un documento consensuado. La comunidad se une para hacer escuchar su voz y exigir cambios.
El Conflicto por el Transporte
Otro de los ejes centrales del conflicto es la quita de la gratuidad en el transporte de corta y larga distancia. Las empresas de transporte, nucleadas en FETAP, han utilizado a los beneficiarios como elemento de negociación frente al Estado, según denuncian las organizaciones. La situación se complica con la falta de controles de la CNRT y la improvisación en la implementación del sistema SUBE para reemplazar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que ha generado fallas críticas y una falta de infraestructura en gran parte del territorio nacional.
Las organizaciones reportaron la negación del servicio en los subtes de Buenos Aires, la invisibilidad de la figura del acompañante rotativo en la tarjeta y la falta de infraestructura de este sistema. Patricia Giussani advierte que hay instituciones que prácticamente no han cobrado nada, lo que está provocando que la vida de las personas con discapacidad y sus familias sea peor que nunca en la historia.
Acciones Judiciales y Pedido de Juicio Político
Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad están exigiendo el juicio político. El mismo es presentado por los diputados Juan Marino y Pablo Todero contra el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones. Patricia Giussani declara que institucionalmente es la única alternativa que les queda en este momento.
Se impulsan denuncias penales específicas contra el ministro Mario Lugones, el funcionario Alejandro Vilches y el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y abuso de poder. La planificación de la jornada nacional incluye una marcha a las 13:00 horas hacia los tribunales de Comodoro Py para entregar un petitorio firmado y exigir celeridad en la tramitación de las denuncias por las consecuencias directas del corte de servicios médicos, la desarticulación del plan REMEDIAR y la amenaza sobre las pensiones no contributivas.
La lucha por los derechos de las personas con discapacidad es una lucha por la dignidad y la igualdad. En un país donde la discapacidad debería ser un tema de Estado, la comunidad se ve obligada a tomar las calles para exigir lo que es justo. La emergencia en discapacidad es un llamado a la conciencia de todos, un recordatorio de que la inclusión y el respeto a los derechos humanos son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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