El polémico fallo de la Corte Suprema, que obliga al Gobierno Nacional a pagar los fondos restados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de coparticipación durante el 2020, llevó al Presidente de la Nación a esgrimir una medida que varios allegados suyos reclamaban desde hace un tiempo.
Alberto Fernández, al iniciar el año, anunció por redes sociales la puesta en marcha de un pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, titular de la Corte.
En el pedido, se solicita investigarlo tanto a él como al resto de los ministros que integran el tribunal supremo.
Cabe destacar que este pedido cuenta con apoyo de algunos gobernadores, particularmente aquellos afines al Ejecutivo Nacional, quienes se mostraron a favor de que se investigue lo actuado por la Corte en diciembre.
Por medio de un posteo de Twitter, Fernández remarcó cerca de las 10hs del 1 de enero que si bien el año pasado dejó algunas alegrías para el país (teniendo en cuenta el reciente triunfo de la Selección Argentina en Qatar, por ejemplo), este también siguió marcado tanto por la pandemia del Covid-19 como por la guerra en Ucrania, factores que condicionaron el desarrollo del país.
Sobre esa línea, el Presidente hizo eco de la situación ocurrida en torno al fallo, y mencionó lo siguiente:
«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones.»
Alberto Fernández – Presidente de la Nación
En ese sentido, también advirtió que actualmente se está viendo un «avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina».
Teniendo esta última frase en cuenta, es importante remarcar que actualmente el país vive un importante conflicto que tiene al Poder Ejecutivo y al Judicial como protagonistas e involucrando no solo a la Corte Suprema sino que también a otros jueces y fiscales de menor jerarquía.
El último gran incidente ocurrido fue el de los viajes de diversos funcionarios judiciales en conjunto con directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, cuestionada propiedad de un magnate inglés en el sur del país.
Volviendo al posteo del Presidente, el mismo remarcó que es su deber «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».
Respecto a esto último, Fernández dijo esto:
«mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un estado de derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado.
Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución.»
