Gobierno Nacional Recibe Revés Judicial: Ordenan Mantener Pagos del Programa Volver al Trabajo
Un juzgado federal ordena al Gobierno nacional mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, tras el anuncio de darlo de baja y reemplazarlo por vouchers.
La respuesta de la justicia no tardó en llegar
Un juzgado federal ha ordenado al Gobierno nacional garantizar la continuidad de los pagos a cerca de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo, tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano de darlo de baja para reemplazarlo por un esquema de vouchers orientados a capacitación.
La decisión judicial se dio este martes en el marco de una medida cautelar que obliga al Estado a sostener las prestaciones económicas vigentes en un plazo de tres días desde la notificación y hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso.
El fallo y su impacto
El fallo también remarcó el carácter social de la asistencia brindada por el programa y advirtió que su eliminación en las condiciones planteadas podría resultar «arbitraria e irrazonable». En ese sentido, cuestionó el esquema de vouchers propuesto por el Gobierno, al señalar que no constituye una alternativa equiparable a las transferencias monetarias que recibían los beneficiarios.
Según evaluó el juzgado, la propuesta oficial no garantiza la cobertura de las necesidades básicas que eran atendidas mediante el ingreso mensual del programa, especialmente en el caso de personas que dependen de esos recursos para su subsistencia.
La reacción de los dirigentes sociales
Ante esto, el dirigente social Eduardo Belliboni manifestó: «La Justicia acaba de darle un revés a la decisión brutal de Milei de dar de baja a 1 millón de trabajadores. Le da carácter colectivo es decir para todos. Le da 3 días para devolver. Le dice que si no cumple le va a poner multa inmediata. ¡¡¡La lucha rinde!!!».
El contexto y el futuro del programa
El programa Volver al Trabajo ha sido una herramienta fundamental para miles de personas en situación de vulnerabilidad, brindándoles un ingreso mensual que les permite cubrir necesidades básicas. La decisión del Gobierno de darlo de baja y reemplazarlo por vouchers ha generado un gran debate y preocupación entre los beneficiarios y los dirigentes sociales.
Con esta orden judicial, el Gobierno se ve obligado a reevaluar su decisión y a considerar alternativas que garanticen la continuidad de los pagos y el bienestar de los beneficiarios. El futuro del programa y de las personas que dependen de él sigue siendo incierto, pero la justicia ha dado un paso importante para proteger sus derechos.
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